El clan de «los Charros» utilizó el terror para controlar la ONG de ayuda al gitano
La investigación policial ha revelado que «los Charros» utilizaban la ONG de ayuda a la comunidad gitana para desviar grandes cantidades de dinero de las administraciones -en total, más de 250 millones de pesetas- a sus cuentas particulares y blanquear dinero procedente del narcotráfico. Los métodos: la coacción, el chantaje y la amenaza de políticos, cargos públicos y funcionarios.
El clan accedió a la dirección de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) en 1998. Desde entonces, esta ONG de ayuda a los gitanos ha recibido cerca de mil millones de pesetas de subvenciones, procedentes en su mayoría de la Junta. Y sin embargo, el jefe y patriarca del clan, Vicente Rodríguez Arriba -presidente de la Fara y, anteriormente, responsable de la Asociación Malagueña de Integración Gitana- ya tenía en su expediente varias detenciones por tráfico de drogas.
Otro de los detenidos, José Maldonado, había participado en programas de erradicación del chabolismo en la Misericordia, Puente de los Morenos y otros núcleos marginales de la capital. También él fue presidente de la FARA y de la Asociación Malagueña para la Integración Gitana, y su nombre aparece en numerosas organizaciones, como la Asociación de Amigos del Pueblo Gitano, la Asociación Sociocultural para el Desarrollo del Pueblo Gitano y la Asociación Pro Derechos de los Gitanos y Gitanas. Bajo estas siglas, Maldonado negoció varios convenios millonarios con instituciones públicas de Málaga y de Andalucía.
MÁS DE 250 MILLONES DE PESETAS
Según la Policía, el clan ha desviado más de doscientos cincuenta millones de pesetas en beneficio propio. Sólo en los últimos años, Rodríguez, en calidad de presidente de la ONG, cobró cientos de millones de pesetas en subvenciones oficiales de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta y firmó varios convenios «de ayuda a la comunidad gitana» con Comisiones Obreras y el área de Bienestar Social de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga.
Para lograr sus objetivos, los «Charros» recurrían sistemáticamente al chantaje y la coacción de políticos, cargos públicos y funcionarios. El propio consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña,denunció haber recibido amenazas de algunos de los detenidos, por lo que se personará como acusación particular en el caso. El consejero aseguró que un alto funcionario de su departamento también fue coaccionado. Tal y como explicó la diputada de Bienestar Social, Marisa Bustinduy, la Diputación firmó un convenio con FARA por 4 millones de pesetas para ayuda a los gitanos. Es más: el clan utilizaba prácticas de corte mafioso también con otras asociaciones gitanas, asegurándose así su posición como única federación receptora de ayudas públicas.
Un personaje clave en la compleja trama financiera tejida por «los Charros», era Valeriano G.G., administrador de la Asesoría Torremolinos. Valeriano se encargaba de justificar ante los organismos pertinentes el empleo de las subvenciones, mediante el engorde de partidas con gastos no realizados, facturaciones falsas y nóminas ficticias. Así, amparándose en el noble fin de la defensa de la comunidad gitana y sirviéndose de la sensibilidad social hacia quienes tradicionalmente sufren la marginalidad y la pobreza, el clan se apropiaba del dinero de las generosas ayudas y subvenciones.
INVERSIÓN EN OBLIGACIONES
La familia «el Querillo», una de las que componen el clan, operaba en la barriada Palma-Palmilla, una de las más deprimidas de la capital malagueña. Sus miembros no ejercían actividad alguna, no tenían negocios declarados, ni figuraban en las cuentas bancarias, donde aparecen terceras personas o testaferros. Entre las muchas operaciones fraudulentas llevadas a cabo por esta familia, destaca una inversión en obligaciones del Estado por valor de 60 millones de pesetas a nombre de FARA en el BBVA.
Además, la Policía se ha incautado de numerosos vehículos de gran cilindrada, así como numerosos bienes e inmuebles. Entre los efectos figuran 25 vehículos de lujo, un chalé en Alhaurín de la Torre, una finca en Colmenarejo y una discoteca en Benalmádena. También se han intervenido 42 cuentas bancarias en ocho entidades financieras, cuya titularidad corresponde a los detenidos y a la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía, con ingentes movimientos dinerarios.
Según la Policia, este clan, calificado por el subdelegado del Gobierno en Málaga de «muy peligroso», pretendía hacerse con el control total de la Palmilla. La familia había formado un poderoso gueto en la barriada, donde imperaba, a la fuerza, «la ley del silencio».
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