El Gobierno regulará por primera vez el papel de las ONG en la sociedad

«Queremos favorecer la gran estructura de protección social que canaliza la solidaridad de los españoles en iniciativas fruto de los propios ciudadanos», ha afirmado Alonso, en alusión a las organizaciones sociales. «Son casi 30.000 entidades en toda España para las que trabajan 635.000 personas, con las que colaboran más de un millón y que atienden a más de cinco millones».

El anteproyecto de Ley del Tercer Sector todavía tiene que pasar varios trámites antes de llegar al Congreso de los Diputados para su discusión entre los grupos parlamentarios. Según la Plataforma Tercer Sector, que agrupa a varias de las principales organizaciones sociales en este país y ha colaborado con la elaboración de la norma, se tramitará por la vía de urgencia para que esté lista antes del final de la legislatura.

La norma que regule a las entidades del Tercer Sector –que no son ni administraciones públicas ni empresas– incorpora varias demandas históricas del sector. La primera, establecer un marco jurídico que les de carta de naturaleza, reconozca su labor hacia la sociedad y las tenga en cuenta para el diseño y la elaboración de políticas públicas. «Se establecen órganos de participación a través del Consejo Estatal y de la Comisión de Diálogo Civil de la Plataforma Tercer Sector», ha explicado el ministro.

Alonso también ha asegurado que el anteproyecto contempla vías para garantizar la estabilidad de la finaciación y los recursos de estas entidades. Y ha explicado que, antes de un año tras su aprobación, la ley dispone que se elabore un «programa de impulso de las entidades del Tercer Sector que incluya su promoción, mejora de la formación, apoyo a la cultura del voluntariado, cooperación con servicios públicos o mejora de la financiación pública».

La reforma de la Ley del Voluntariado, por su parte, actualizará una norma que no ha cambiado desde 1996. «La nueva definición extiende esta práctica a más formas de participación», ha explicado el ministro, que ha matizado que quedará explícito que los voluntarios no podrán sustituir al trabajador remunerado. «Se establecen los derechos y los deberes para garantizar una mayor protección jurídica». El objetivo, ha dicho, es fomentar esta actividad en todos los grupos de edad.