Herbicidas, en el punto de mira de la UE

De los beneficios de esta técnica agrícola y de las consecuencias que podrían derivarse de la posible prohibición de un herbicida, el glifosato , que es empleado para controlar las malas hierbas, se discutió en el foro «Agricultura de conservación en un entorno de cambio climático», que se celebró en la Casa de ABC en Madrid el pasado 4 de octubre.

«Hasta hace cincuenta años, el sueño de cualquier agricultor era disponer de un arado potente que moviera mucho la tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo, y gracias a una mayor sensibilidad y una mejor tecnología , que permite, por ejemplo, el uso de herbicidas, se rompe este paradigma. Pero la herramienta que permite dar un salto de más de un siglo en nuestra mentalidad, de pasar de ser labradores a empresarios, está en peligro», manifestó Carlos Palomar , director de Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla).

La agricultura de conservación , en pleno crecimiento, representa ya en España el 13% de la superficie de cultivo (1,9 millones de hectáreas) y el 12% de la producción agraria total, compartió Jordi Esteve, director de Economía y Estrategia de la consultora PwC . Para el experto, sin embargo, su beneficio real está por venir: «Se calcula que podría llegar a aplicarse a casi 13 millones de hectáreas». Y añadió más ventajas: «Libera horas de trabajo, lo que permite a los agricultores diversificar su negocio , aumenta la competitividad del campo español y afianza a la vez población en el medio rural».

Veroz también remarcó su capacidad para fijar entre tres y cinco toneladas de CO2 por hectárea y año más que los sistemas de laboreo; convirtiéndola, a su juicio, en una aliada para cumplir el objetivo de reducción que la Unión Europea ha establecido para España del 26% en 2030 -con respecto a los niveles del año 2005- para las emisiones procedentes de los denominados sectores difusos , dentro de los que se incluye a la agricultura.

«La Comisión Europea no decidirá la renovación de la autorización del uso del glifosato, que expira el 31 de diciembre, sin contar con el respaldo de la mayoría cualificada necesaria de los Estados miembros. Hay países que ya se han declarado en contra y a favor, como son Francia y España, respectivamente. No obstante, la institución, ante la falta de acuerdo, está evitando tomar una decisión complicada. Todos los informes de las agencias europeas, como la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos ( EFSA ), descartan la cancerogenicidad del glifosato o su toxicidad si se usa con racionalidad, pero existen presiones de otro tipo», opinó Ignacio López , director de Relaciones Institucionales de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).

«Tenemos una legislación tremendamente restrictiva en materia de fitosanitarios . La que se aprobó en 2009 estableció unas leyes, unos tribunales y unos sistemas de decisión», recordó el representante de Aepla. «Si no se renueva la autorización de uso del glifosato -cuyo periodo máximo podría alcanzar los 15 años, y siendo posible su revocación en cualquier momento- no vamos a ganar en seguridad ni en medio ambiente», sentenció Palomar. «Si quiero organizar una campaña emocional en contra de un determinado producto me basta con decir que es cancerígeno, porque así lo constata un estudio de una agencia de la Organización Mundial de la Salud -en alusión a la calificación que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ( IARC ) otorgó al glifosato en marzo de 2015, incluyéndolo en la categoría 2A, igual que la carne roja»-, prosiguió. «Ese estudio apunta una hipótesis, no una certeza, frente a 30 años de utilización segura del glifosato», apostilló López. «Por eso hay que reforzar el papel de las autoridades y de las agencias», estuvieron de acuerdo ambos.

La prohibición del glifosato afectaría negativamente a los agricultores (800 millones de euros), a las industrias dependientes de esta (700 millones) y a los consumidores (600 millones), según un informe elaborado por PwC. El glifosato se puede sustituir por otros medios, coincidieron Esteve y Veroz, si bien afectaría a la competitividad. «Con las mismas hectáreas se obtendría un rendimiento un 10% inferior», señaló el primero. Mientras que el segundo puso el siguiente ejemplo: «Si un agricultor de siembra directa opta por controlar las malas hierbas con productos fitosanitarios distintos al glifosato en lugar de con maquinaria agrícola, estaría cuadriplicando su coste de producción». Por lo que infirió que «mucha gente volvería a labrar, con el consiguiente impacto medioambiental».

«Para España , la prohibición del glifosato sería más dramática que para otros países europeos que no tienen problemas de erosión o de falta de materia orgánica estructural en sus suelos y gozan de un régimen de precipitaciones mayor», insistió Palomar.