El TSJM paraliza los recursos contra la privatización de la sanidad

El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado por mayoría, y con cuatro votos particulares en contra, paralizar la tramitación de los casos hasta que se solucione la recusación del PSOE al presidente de la misma, Gerardo Martínez Tristán.

Según la tesis de los socialistas, Martínez Tristán tiene una relación de matrimonio con una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha y una relación «demasiado directa» con el PP , puesto que fue «impulsado» por este partido, según Gómez, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, el PSM presentó un escrito alegando que Martínez Tristán tiene «interés directo o indirecto en el pleito» y ha demostrado «parcialidad» en el auto de octubre a través del que unificó en una sala plenaria todos los recursos presentados en el TSJM sobre el concurso de hospitales de Madrid.

En el auto se decide la suspensión del curso de tres procedimientos ordinarios y uno sobre derechos fundamentales sobre la privatización de la gestión de seis centros, adjudicados el pasado mes de agosto a tres empresas.

Los cuatro magistrados discrepantes defienden en su voto particular que la recusación del presidente por un único recurrente (no de todas las partes) «no determina ni debe hacerlo» la suspensión de todos los recursos que trata la sala, ya que otras partes «no han formulado recusación alguna» contra Martínez Tristán.

En un acuerdo fechado el pasado 11 de octubre, Martínez Tristán decidió que los 50 magistrados que componen la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM resuelvan los recursos contra la resolución de la Consejería de Sanidad de externalizar la gestión de seis hospitales.

Martínez Tristán justificó esta decisión en que en diferentes secciones de la Sala existen distintos recursos que tienen por objeto la impugnación de la resolución, cuyas resoluciones, según el presidente de la Sala, resultan o pueden resultar «contradictorias».

La gestión a través de empresas de los seis centros públicos de la Comunidad de Madrid adjudicados debería haber entrado en vigor en septiembre, pero el traspaso de la gestión fue suspendido de forma cautelar por los tribunales.