La juez de la «Pokemon» pide investigar a 56 empresas y a 42 políticos y particulares

El origen de esta petición se encuentra en un informe que habla de «posible tráfico de influencias relacionado con la presunta recomendación de personas realizadas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de La Coruña». Así, entre los nombres que De Lara facilita a Aduanas figuran el del regidor herculino, Carlos Negreira, y siete de sus concejales, y el del presidente de la Diputación, Diego Calvo. Ambos manifestaban ayer su total disposición a colaborar con la Justicia e incluso a facilitar ellos mismos los datos requeridos. También altos cargos del Ayuntamiento coruñés, en puestos de libre designación, e incluso personas de otros ámbitos como la prensa están bajo la lupa de De Lara. En la relación de investigados aparece además el nombre del candidato a la alcaldía de Orense por el PP, Jesús Vázquez.

En cuanto a las empresas, constan compañías adjudicatarias del Ayuntamiento, entidades deportivas de ámbito local y autonómico y algunas sin relación aparente con el caso. La magistrada, tras repasar los indicios de que «distintas autoridades, concejales y funcionarios» del Consistorio solicitaban a directivos de Vendex —en el epicentro de una supuesta trama de concesiones a cambio de favores— la contratación de personal en sus empresas, da esta autorización para recabar datos con la finalidad de «investigar el posible delito de tráfico de influencias y/o cohecho». De Lara atribuye algunos de estos movimientos a Julio Flores, teniente de alcalde de La Coruña, que no repite en las listas.

La «operación Pokemon», con varias piezas separadas —«Pikachu» en La Coruña y «Manga» en Santiago— supera el centenar de imputados, entre los que han dejado de figurar el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la diputada del PPdeG, Paula Prado.