La Xunta tendrá que pagar un millón a Pescanova por Touriñán

El fallo del Alto Tribunal, fechado el pasado 24 de febrero, viene a ratificar la condena dictada en 2012 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que la compañía se vio perjudicada. El proyecto fue autorizado en 2005 por el gobierno de Manuel Fraga y vetado, un año después, por el bipartito gallego , liderado por el socialista Emilio Pérez Touriño con Carmen Gallego al frente de la Consellería de Pesca, como «símbolo de su compromiso ambiental». Una polémica decisión que desencadenó la fuga de inversiones de Pescanova al vecino Portugal.

El Supremo avala la decisión tomada en su día por el bipartito, al considerarla «legal», pero entiende que hubo perjuicio para la compañía. Por este motivo condena al gobierno gallego a asumir los gastos de primer establecimiento —estudios ambientales, topográficos, analíticos de las aguas, prospecciones...— por importe de 122.957,53 euros, y 968.152,32 correspondientes a instalaciones técnicas en montaje.

Por otro lado, tumba las pretensión de Insuiña de reclamar una indemnización mayor (había pedido 9,32 millones de euros), pues argumenta que «dicha planta en modo alguno era conforme a la legalidad urbanística tras la modificación del planeamiento para adoptarlo a la legalidad, lo cual constituía una exigencia de la misma Administración». Además, recuerda que se le advirtió de «una serie de irregularidades [...] por lo que se proponía iniciar los trámites para su modificación y, mientras tanto, acordar su suspensión».