NCG y el FROB, condenados a devolver diez millones a Gadisa por obrar de «mala fe»

La juez Marta Canales ha apuntado en la sentencia que existió «dolo en el consentimiento» y por lo tanto declara la «nulidad del citado compromiso de inversión» y la «restitución de las recíprocas prestaciones» valoradas en 10.109.209,82 euros e intereses.

«Al ser imposible la restitución de las acciones, al haber sido amortizadas por el FROB, Gadisa no tiene obligación de reintegrar el objeto de la venta», continúa, mientras que NCG Banco y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrán que abonar las costas.

El letrado que representó a Gadisa, además de al resto de demandantes que perdieron más de setenta millones de euros, Daniel Jiménez, del bufete SLJ Abogados, ha mostrado a su «satisfacción» con una «sentencia muy bien fundamentada».

La magistrada llama la atención sobre el ajuste contable de 1.127 millones de euros que necesitó un capital adicional 948 millones y que se hizo en marzo de 2012, aunque con efecto retroactivo a diciembre de 2011, cuando la venta de las acciones a Gadisa se efectuó el 12 de enero de 2012.

La documentación de la que disponía la empresa eran textos como uno titulado «Novacaixagalicia, una oportunidad de inversión única en el sector financiero español», fechado en mayo de 2011 y otros que no mostraron una imagen real de la situación de la entidad. En los papeles «se insiste en que los mercados están valorando todo a la baja» y «se dice que la entidad no está nacionalizada, es recapitalizada», además de añadir que la entrada del FROB «sitúa entre las entidades financieras del mundo con mayor índice de capitalización».

Los demandantes están «a ciegas» mientras el banco y el FROB disponían de información relevante, pues en el juicio su representante «expuso literalmente que sí, que tiempo después se había visto que esa información era relevante».

Entonces decidieron «callarse y poner a la firma la escritura de compraventa», mientras que «era la entidad Gadisa la que tenía que decidir si pese a ello mantenía su compromiso de inversión» y «se le privó de adoptar una decisión libre, consciente y voluntaria, viciándose su consentimiento ante la ocultación de la información».

El hecho de que las partes «demandadas sabían que ese ajuste era necesario, con una importancia relevante, retroactivo e insalvable» lo constata la magistrada desde el 15 de diciembre de 2011, aunque reconoce que la «preocupación que existía era la de proyectar una imagen de continuidad del banco».

Conociendo todos los detalles, el NCG Banco y el FROB «nada hicieron ni dijeron», algo que la Justicia considera que apunta a la existencia de mala fe. «Que los ajustes eran importantes y que la nueva normativa lo era, es una realidad. Como también que los demandados sabían lo que sucedía. Y optaron simplemente por silenciarlo al inversor. Omitiendo así una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma», concluye la sentencia.