NCG Banco defiende su «diligencia» ante inversores que «confiaron» en el FROB

«Actuamos correctamente», ha explicado el responsable jurídico de NCG Banco, José Eduardo Álvarez Naveira, en una de las cinco causas que ha comenzado esta mañana en los juzgados de La Coruña por este caso, promovida por siete inversores gallegos contra el FROB y NCG Banco tras ver reducida a cero su inversión de más de 20 millones de euros después de la operación acordeón realizada en la entidad.

Han comparecido hoy, además de Álvarez Naveira, representantes de Inversiones Subel (que invirtió 5 millones de euros), Inversiones Gallegas del Cable (5 millones), Hijos de Rivera (4), Copasa (3 millones), Río Breiro (3), Concable Inversiones (500.000 euros) y Coren (300.000 euros).

Durante su intervención, el responsable jurídico de NCG Banco ha dicho que no le constan presiones de partidos políticos o instituciones para la entrada de estos inversores en el accionariado de NCG y ha indicado que el «ambiente era muy favorable al proyecto de las cajas», en el que ha mencionado el papel de su presidente, José María Castellano.

Ha sostenido que el banco «cumplía los requisitos» de recapitalización del FROB para ser una entidad saneada y que no le consta que la información sobre la situación del banco fuera obsoleta, y ha reconocido que la relativa al cambio de regulación del sistema financiero y al precio al que se ejecutaba la acción era «relevante» para los inversores.

Sin embargo, ha indicado que no le consta que se advirtiera a los inversores de la posibilidad de que hubiera que hacer un ajuste contable retroactivo y se ha remitido a las actas. «Respecto a la información a los inversores, el proceso fue liderado de una manera muy singular y en un ámbito muy restringido», ha zanjado Álvarez Naveira.

Sin embargo, los siete inversores que han comparecido hoy han negado ser expertos financieros y además han asegurado que no pidieron información adicional a la proporcionada por el banco porque confiaban en su presidente, José María Castellano.

Han indicado que para esta inversión firmaron un «contrato de adhesión» que no pudieron negociar y han coincidido en que el FROB y el Banco de España eran «garantía» de solvencia en dicha inversión.

El primero de los empresarios en intervenir ante el juez fue José María Rivera, consejero del grupo Hijos de Rivera, quien ha asegurado que invirtió en NCG Banco porque había la «garantía» de una entidad «solvente y saneada» y no existía «alarma» acerca de perder dicha inversión. «Como empresarios tenemos que confiar en la estabilidad del sistema» y «en unos mínimos infranqueables».

Desde Inversiones Gallegas del Cable, Roberto Díaz ha trasladado su «indignación» por esta «estafa» y ha justificado su inversión en que interpretó «que el que me vende es el Estado» al plantear: «¿Cómo voy a desconfiar de una entidad auditada por el Banco de España? Si tenía allí mis ahorros».

«Se nos sacó la imagen pública de inversores y se nos puso contra la pared de que si no invertíamos éramos unos traicioneros a Galicia», ha enfatizado en referencia a eventuales presiones.

Por Concable ha comparecido en la vista Juan Álvarez de Mon, quien ha alegado que no fue «consciente de que el balance de esa sociedad no reflejara su imagen fiel». «En diez meses batimos el récord de inversores con más éxito de este país», ha ironizado. El empresario Luis Somoza, expresidente de Azkar, ha hablado por Inversiones Subel de su «decepción» e incluso se ha emocionado en algún momento de su intervención, en la que ha aludido a su confianza ciega en Castellano por su agradecimiento desde sus inicios en los negocios a Caixa Galicia. «Lo que nunca pude pensar es que una institución del Estado como el FROB hiciera semejante disparate», ha sentenciado.

Jesús Alonso, de Río Breiro, ha citado su participación «de compromiso» en distintas entidades con las que trabaja, entre ellas NCG, de la que no dudó al ver que en el contrato de compraventa de acciones estaban también Castellano y César González Bueno. Desde Coren, José Javier Bobillo ha explicado que la cooperativa vio una «oportunidad de acometer esta inversión», mientras que José Luis Suárez, de Copasa, ha aludido a Castellano como intermediario en esta inversión que les explicó «de forma genérica» y «sin cifras» con «la idea de fondo de que era un proyecto de futuro».

Tras estas declaraciones, el juicio continuará mañana con otras pruebas, como la presentación de informes periciales.