«La palabra de un gitano vale más que el oro»

«Nosotros no impartimos justicia, sino que actuamos como un juez de paz, desde la sensatez moral y procurando siempre el bien», explica, «no para todo se necesita a la justicia ordinaria». Los «arregladores», como se los conoce en el norte —o «gitanos de respeto o de leyes», en el sur— existen desde tiempo inmemorial. Es una condición «que dan los años», además de «haber sido una persona honrada, que no hayas tenido desavenencias con la ley y el resto de los gitanos». «Necesitas unas condiciones morales y humanas» y, evidentemente, que los tuyos te reconozcan «la capacidad para resolver problemas». «Es un conglomerado de actitudes», apunta Cortés. Y por encima de todo, «que seas un hombre de palabra, un hombre de honor». Porque «la palabra de un gitano vale más que el oro», lo resume este pastor evangélico en un tono didáctico.

Además de Cortés, presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Gitano, han sido convocados otros «arregladores» de Málaga, Sevilla, Madrid y Bilbao, voces ajenas al conflicto y de imparcialidad incuestionable. Su papel no es el de hacer la ley, sino encontrar un punto en su aplicación que satisfaga a todas las partes. La función de legisladores la ejercen los ancianos, que se reúnen en sus consejos, siguiendo la tradición oral del pueblo gitano, cuyas normas consuetudinarias se remontan a siglos atrás. La costumbre es la madre de las leyes, basadas sobre principios morales y éticos, en conductas que los propios gitanos reconozcan como honorables o merecedoras de respeto. En Galicia, donde están establecidas aproximadamente unas 20.000 personas de etnia gitana, hay un anciano en cada ciudad o villa en las que haya un colectivo gitano importante. Cuando se produce un problema como éste con los zamoranos, que implica a un amplio volumen de familias, esta docena de sabios respetados se reúnen y deciden.

Su día a día, sin embargo, es menos intenso. Se recurre a ellos normalmente cuando hay «riñas entre jóvenes o pequeños conflictos matrimoniales», cuenta Sinaí Giménez, presidente de la Asociación del Pueblo Gitano de Galicia, «están para que las cosas no vayan a más». También actúan cuando una familia necesita de una intervención médica o enterrar a uno de sus miembros y carece de recursos para hacerlo. «Entonces el anciano pide que el pueblo ayude económicamente y todos colaboran desinteresadamente», apunta, «no hay nada de malo, la cultura gitana va enfocada a ayudarnos entre nosotros». La de Giménez no es una opinión cualquiera. Es una de las ramas descendientes de la familia de los Paulos, los primeros gitanos que llegaron a Galicia hace 236 años, y quizás por eso a su padre Olegario se le conoce como «el Rey de los Gitanos». «Hace cuarenta o cincuenta años empezó a venir gente de otras comunidades», recuerda Sinaí, «los de Zamora vinieron porque tuvieron un enfrentamiento grave, con muertos de por medio, y aquí les echamos una mano, los recogimos, los apoyamos incluso económicamente», y de ahí que el colectivo gallego sienta que los zamoranos quebraron esta confianza al no cerrar filas con él en la negociación abierta con el concello de Tui para la gestión del mercadillo de la frontera.

En conversación con ABC, Giménez afirma que el germen del problema está en Francisco Romero Alvite, «un señor al que nadie ha votado como representante de los gitanos que se dedican a la venta ambulante». Al parecer, los zamoranos habrían secundado a Alvite frente a la inmensa mayoría de ambulantes que están detrás de Sinaí. «Ni en el mundo gitano ni en el sector de los ambulantes han votado a esta persona», insiste, «este es un conflicto que le es ajeno». Tanto Alvite como Giménez se verán este lunes con el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que ha abierto diligencias informativas para aclarar el traslado precipitado de varias familias de vuelta a Zamora. «Estas personas habrían cometido una infracción grave» a ojos de la ley gitana al «traicionar a su propio pueblo generando un perjuicio grave como es la pérdida de puestos de trabajo», ya que Tui ha decidido cerrar ese mercadillo en el que ejercían como ambulantes «alrededor de 360 familias».

Sin embargo, Sinaí y Cortés se resisten a llamarlo «destierro». «Quizás no sea la palabra más adecuada, porque aquí no se ha forzado a nadie», cuenta Cortés, «siempre se recomienda que haya tierra de por medio para evitar un mal mayor, se aparta temporalmente y luego ya se revisará cuando las aguas se calmen». Al tratarse de un problema «en vías de asesoramiento», se busca distanciar a las partes en conflicto «para evitar más dolor a las personas que han sido dañadas, que no haya agravios». Algo parecido sucedió en febrero de este año, cuando los Cortiñas, parientes del asesino confeso de Lupe Jiménez, se marcharon de Galicia tras el suceso que conmocionó a la sociedad gitana. «Se alejó a los familiares como medida preventiva para que no tuvieran que intervenir al poco tiempo ni la Policía, ni las ambulancias, ni los coches fúnebres», asegura rotundo Sinaí.

Este desencuentro con los zamoranos en nada se parece a aquello. «Aquí hay que aclarar que no se actuó de mala fe y que fueron utilizados por una persona —Alvite— para atacar a los gitanos», zanja. Para Juan José Cortés, el hecho de solicitar la presencia de los «arregladores» denota «vocación de solucionarlo, voluntad de sumisión a lo que se diga». No obstante, «hay veces en que la mediación no puede dar sus frutos porque los problemas se enquistan y ninguna de las partes acepta nuestra intercesión». «En ese caso es cuando no se respeta a los ancianos, entonces se levanta la mano y no se puede aplicar la ley gitana».

A menudo, «el tiempo es el mejor aliado para resolver un problema», y a él se confía Cortés en el caso que ahora tiene que abordar. Desde la Asamblea que preside se «fomentan los consejos de ancianos allí donde existen, y donde no, los creamos para conservar nuestra cultura y nuestras costumbres».

Al calor de estos acontecimientos se ha suscitado el debate público sobre si las leyes gitanas son compatibles con el ordenamiento jurídico vigente. Cortés lo achaca al tópico que persigue a su pueblo. «Creo que no se ha explicado bien, no hemos tenido la oportunidad de trasladarlo correctamente a la opinión pública», pero también denuncia que «el sensacionalismo toma al gitano como una noticia pintoresca que se sale de la realidad, y otras veces se nos malinterpreta». No hay dos códigos legales superpuestos, sostiene. «Nosotros los arregladores no suplantamos a la justicia sino todo lo contrario, facilitamos que haya acuerdos, como un juez de paz», afirma. Admite, sin rubor, que «desde fuera esto puede parecer arcaico, pero todo lo contrario, ojalá nuestro sistema judicial tuviera esta herramienta intermedia antes de acudir a los tribunales».

La ley gitana «usa el sentido común». «No necesitan ser escritas», porque así pueden «ser más flexibles e irse adaptando» a cada momento y cada contexto histórico y social, aunque los principios siguen ahí, férreos: respeto, honor, familia, lealtad y paz. Juan José Cortés se despide con un «gracias amigo» y vuelve al coche. Zamora le espera.