«Necesito un discapacitado para crear una sociedad y coger subvenciones y proyectos»

El sumario judicial de la «operación Zeta» muestra los modos de operar de Gerardo Crespo y sus empresas

José Luis Jiménez

18/10/2014
Actualizado 19/10/2014 a las 12:27h.

Confiado, Gerardo Crespo llama a una de sus empleadas y le pregunta por su grado de discapacidad. «Quería pedirte un favor», le adelanta, «quería constituir una sociedad con una persona con discapacidad y que no fuese yo (...), una sociedad en la que tú seas socia ... única para poder utilizarla para coger subvenciones y proyectos de discapacidad». Al otro lado del teléfono, la subordinada titubea: «Hombre Gerardo, mientras no me cause ningún problema...». Acto seguido llama a otra de sus trabajadoras y le da la buena noticia: «Con B. ya está hablado, y además como tiene discapacidad, a lo mejor puede pedir alguna subvención».

Es una de las conversaciones recogidas por la Policía en el sumario de la «operación Zeta» que el miércoles llevó a la detención de siete personas en La Coruña por un supuesto fraude en subvenciones públicas que se podría elevar hasta los 20 millones de euros. En los informes policiales, a los que ha tenido acceso ABC, los investigadores entienden que esta llamada intervenida y otras similares evidencian cómo funcionaba Gerardo Crespo, propietario de Azetanet e imputado en la causa.

A su juicio, el empresario buscaba personas que no figurasen en una de sus entidades, llamada Fundefo (Fundación para el desarrollo de la empleabilidad y la formación), para crear otras sociedades con las que «librar facturas por servicios inexistentes a Fundefo o a otras entidades de Gerardo Crespo con el fin entre otros de justificar gastos o requisitos para la obtención de subvenciones, o deducciones tributarias».

La cadena de llamadas interceptadas en los dos primeros meses de 2012 da a la Policía suficiente información como para sostener en sus informes que «Crespo ha utilizado con anterioridad este mecanismo de creación de (sociedades) mercantiles fantasma». «Las vamos a hacer así, trampeadas», se llega a recoger en una de las transcripciones del imputado con otra de sus trabajadoras.

«Va a ser una sociedad que no va a dar beneficios, para que no haya problemas fiscales con ninguna, ¿sabes? Se te va a anular todo, te metes en una sociedad que va a funcionar normal, tranquila, que va a facturar, que luego va a cobrar, luego va a gastar, no pasa nada, no va a suponer nada», detalla a otra empleada para tranquilizarla.

Representatividad falsa

El primer indicio lo dieron dos ex trabajadoras de otra de las empresas de la supuesta trama, cuando le confesaron a la Policía que estas sociedades carecían de afiliados y que la representatividad que se atribuían para ser receptoras de subvenciones no era tal, sino fruto de listados que «compraban» y de los que hacían uso de manera habitual.

En otra llamada de febrero de 2012, la directora comercial de Azetanet, Mercedes García Rodríguez, recuerda a Crespo que «hemos comprado 10.000» cuando éste le pregunta «cuántos socios tenemos por listado». «También teníamos los de Caype —otra de las sociedades investigadas—, y todos esos, a mayores, tenemos unos 13.000 o 14.000», contabiliza el empresario.

Los investigadores no tienen duda de que esta conversación permite establecer que «todos esos socios son ficticios, y que esos listados son utilizados para justificar representatividad y poder obtener entre otras subvenciones públicas». Además, se cuestionan «qué grado de conocimiento tienen esas personas del uso de su nombre» y «a quién le compran esos listados».