La Fiscalía propone cambios para zanjar causas «ingobernables» como «Pokemon»

Varela ya fue muy crítico el pasado 3 de octubre en la apertura del año judicial con la actuación de las magistradas lucenses, al frente de investigaciones interminables y cuyos errores procesales han echado abajo tanto el «caso de las multas» como la «operación Rei» , los dos anulados por la Audiencia Provincial de Lugo al haber vulnerado el principio fundamental que afecta al derecho al juez ordinario predeterminado recogido en la Constitución. Ambos fueron investigadas por San José, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital lucense. Ese mismo defecto planea sobre la «Pokemon» , que pilota De Lara desde el vecino Juzgado de Instrucción Número 1.

«Tenemos que debatir la cuestión y dar una solución a que, de repente, un instructor de un determinado lugar, prorroga su jurisdicción a toda Galicia. Eso es una anomalía. No podemos convertir a jueces instructores de un pueblo en la Audiencia Nacional de Galicia », declaró Varela con duros reproches al protagonismo de De Lara en la «Pokemon», supuesta trama corrupta con más de cien imputados que persigue desde hace más de dos años posibles irregularidades en concellos.

A preguntas de los periodistas, el fiscal general propuso para estos casos «un nuevo modelo de intervención judicial para tratar casos complicados» de los que se encargaría, según indicó, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un órgano que el pasado mes desautorizó parte de la instrucción de De Lara en la «Pokemon» al reducir los supuestos delictivos de la diputada popular Paula Prado —que sigue sin estar imputada— de siete a tres.

Uno de los mecanismos para agilizar los procedimientos que sugiere Varela «es aplicar el principio de oportunidad reglada». Según explicó, «en este momento nos regimos por un principio de legalidad», es decir, «que tiene que perseguir todo comportamiento irregular, cualquiera que sea su intensidad». Esto es precisamente lo que la Fiscalía Superior de Galicia se pretende combatir para separar las piezas cuando de un mismo sumario pendan varias investigaciones paralelas, lo que sucede en la «Pokemon», un único tronco con frondosas ramas hacia Lugo, Orense, La Coruña o Santiago.

«Muchas veces vemos que anudado a un núcleo duro de corrupción, vienen otros comportamientos de pequeña intensidad penal. Aplicando el principio de oportunidad podríamos considerar que eso son bagatelas penales que se pueden desprender del núcleo», indicó Varela. De llevarse a cabo esta modificación, se acortarían los tiempos de instrucción y el juicio podría celebrarse antes, lo que mejoraría la imagen de la Justicia ante los ciudadanos y, al mismo tiempo, contribuiría a que los cargos públicos salpicados por sospechas solventaran antes su situación, tanto si son absueltos como si son condenados e inhabilitados. De hecho, desde los principales partidos políticos — con mayor intensidad en el PSdeG que en el PPdeG— ya se ha arremetido contra De Lara , y en el fondo subyace cierto queja de indefensión.

Varela reconoció que en la actualidad existe una sensación de impunidad en la sociedad, que se acrecienta en casos como la «operación Rei» o el «caso de las multas», donde hubo detenidos —entre ellos el entonces alcalde o la vicepresidenta de la Diputación de Lugo— que fueron esposados e incluso pasaron por el calabozo y que hoy han sido absueltos sin llegar a juicio al anularse esta semana todo el proceso por errores de la juez San José. «Es importante que esa sensación no quede», reclamó Varela, que insta a cambios organizativos para que la Justicia sea «eficaz» y esos fallos «no se repitan».

Pero hasta que lleguen dichas novedades, la Fiscalía va a tratar de enmendar a San José y, posiblemente a De Lara, con recursos que eviten que sus investigacionesqueden en agua de borrajas por sus equivocaciones, cuya reiteración ha criticado la Audiencia de Lugo en el caso de la primera. Este tribunal provincial ha tumbado en menos de cuatro meses dos investigaciones a la misma juez por el mismo error procesal. Tras la primera anulación en junio, la Fiscalía Provincial de Lugo preparó un recurso de casación que presentó la Fiscalía del Supremo «porque considera que hay elementos suficientes, basados en doctrina del propio TS, que evitarían una consecuencia tan drástica», apuntó Varela.

La clave es que no se respetaron las normas de reparto por las cuales, al extraer el caso de una investigación previa, San José debió haberlo enviado al juez decano de Lugo para que él lo redistribuyera. Para el fiscal gallego, «aunque eso es una irregularidad», defiende que sería salvable «siempre que quede garantizada la imparcialidad del juzgador», lo que aquí no pone en duda dado que en el reparto posterior el caso podría haber regresado a ella. La resolución no llegará hasta dentro de ocho o nueve meses, por lo que hasta entonces no se podrá dar como cerrados dos procesos que podrían resucitar.

Aunque está por discernir, abogados de acusados de la «operación Pokemon» acusan a De Lara de haber tropezado con la misma piedra que San José. Aunque Varela no se atreve a aventurarlo, confiesa que «lo más lógico es que por parte de los defensores se trate de hacer valer esta argumentación y conseguir réditos procesales».