La Fiscalía recomienda que se investigue si Paula Prado incurrió en algún ilícito penal

Según han señalado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, a finales de agosto el Ministerio Público ratificó al TSXG el dictamen de finales de julio en el que respaldaba la investigación sobre Prado después de analizar la documentación requerida al juzgado de Lugo que instruye la «Pokemon».

Así, las mismas fuentes han explicado que se trata de un «paso preliminar» para la posible admisión a trámite de un asunto remitido al TSXG por la condición de aforada de Prado al ser diputada autonómica. «A la vista de la documentación que se ha demandado» y de la exposición razonada de la juez, la Fiscalía ha dado el visto bueno a que se investiguen los hechos a los que se aluden en escuchas recogidas en la «Pokemon» para comprobar «si encajan en algún ilícito penal».

Por todo ello, la Fiscalía Superior de Galicia ha ratificado el dictamen de julio y recomienda al TSXG la admisión a trámite para comprobar «si hubo un ilícito penal».

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recibió a finales de junio la exposición razonada dictada por la instructora del caso en la que justificaba la remisión de la pieza «por si los hechos investigados» en relación a la diputada pudiesen ser «constitutivos de infracción legal».

Tras recibir la pieza, la Sala le dio el trámite legal correspondiente y pidió un informe a la Fiscalía antes de decidir sobre su admisión a trámite. Prado había dimitido a principios de junio de su cargo como portavoz del PPdeG, aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.

La dirigente «popular» había reconocido el día en el que renunció como portavoz que su relación con la «operación Pokemon» -derivada de conversaciones incluidas en el sumario- no está «ayudando al partido» y le impedía «el trabajo que exige una portavocía».

Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando la juez Pilar de Lara decidió una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada «ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal».