La sentencia definitiva podría abocar al Ayuntamiento a la quiebra técnica

De ejecutarse, el Ayuntamiento podría estar abocado a la quiebra técnica, pues un informe de 2010 aseguraba que se deberían pagar 45 millones de euros a los residentes y propietarios en el inmueble en concepto de indemnización, un gasto que difícilmente podrá soportar un Consistorio con un presupuesto de 244,3 millones.

El alcalde de la ciudad, Carlos Negreira , pide calma. «Hay tiempo», responde al ser preguntado sobre si la sentencia se deberá ejecutar de modo inmediato. «Esto no es automático, si no desde el año 2001 estaría ejecutada la sentencia» , apunta el regidor, que señala que el auto del Alto Tribunal, a pesar de ser definitivo, presenta «muchas aristas, muchas vertientes, muchas líneas de actuación». Aun así, Negreira asegura tener claro el principio general que debe guiar su actuación: «defender los intereses de los coruñeses».

De entre estos coruñeses, hay al menos uno que discrepa. Es el arquitecto Valentín Souto , quien comenzó hace ya 17 años los litigios contra el edificio que hace esquina entre la avenida de Finisterre y la calle Fernando Macías. Su abogado, el lucense Miguel Ángel Fernández , veía la sentencia mucho más cristalina. Cree que después de que se rechazasen tres incidentes de ejecución (alegaciones de que es imposible proceder a la demolición del edificio), «no se puede estar de forma indefinida» procediendo de este modo. «Hasta ahora se estuvo discutiendo en el ámbito contencioso-administrativo, pero en este momento, si hay una obcecación del Ayuntamiento , actitudes de no cumplimiento de la sentencia podrían derivar hacia procedimientos de otra naturaleza», advierte Vázquez en alusión a una querella por la vía penal , aunque matiza que no es seguro que se vayan a llevar a cabo.

En caso de que la causa llegue al parqué de un juzgado de lo penal, fuentes consultadas por ABC apuntan a que los responsables de ordenar el derribo dentro del Ayuntamiento de La Coruña podrían enfrentarse a una imputación por un supuesto delito de prevaricación por omisión , algo que la jurisprudencia del Supremo contempla cuando fuese imperativo dictar una resolución, en este caso la de la demolición, y omitir hacerlo resultase equivalente a negarse a hacerlo.

Los orígenes del conflicto se sitúan en el momento en que el Ayuntamiento de La Coruña, del que entonces era alcalde Francisco Vázquez y concejal de Urbanismo Salvador Fernández Moreda (ahora edil en el Consistorio), otorgase a Fadesa la licencia de obras en el edificio que acababa de vender la eléctrica a esta misma constructora.

Desde 2001, los tribunales han insistido en la ilegalidad de la rehabilitación, de acuerdo con el plan urbanístico vigente. Negreira afirmó que no pedirá responsabilidades políticas hasta que la sentencia se ejecute.