El BNG sostiene al gobierno de Arzúa pese a pagar obras de una zona privada

Después de trascender públicamente las imputaciones, se presuponía una dimisión en bloque de los que actualmente todavía tienen responsabilidades en este concello coruñés (el propio regidor y dos de los cinco concejales con los que gobierna) forzada desde la cúpula del Bloque, pero no fue así. El portavoz nacional del frente, Xavier Vence, salió en defensa del alcalde en contra de su propio criterio, basado en enseñar la puerta de salida a todo cargo público que resulte imputado.

Se escudó el líder nacionalista en que esta imputación «no tiene nada que ver con casos de corrupción». Y extendió ese análisis a la situación que atraviesa el regidor de Vimianzo , Manuel Antelo, también del Bloque, citado a declarar como imputado por prevaricación administrativa en relación a una moción de censura. «Hay que diferenciar la imputación por supuesto delito de corrupción derivada de una investigación judicial, de la imputación por supuestas irregularidades administrativas motivadas por denuncias que proceden del PP», sostuvo Vence, que no dudó en mostrar su apoyo «total» a ambos regidores.

Su argumentario coincide a medias con la realidad. En el caso concreto de Arzúa, la juez instructora de la «Pokemon», Pilar de Lara, —que ya posó su lupa sobre el Ayuntamiento a raíz de dos adjudicaciones otorgadas a Aquagest : la gestión del agua y la piscina— empezó a investigar la pavimentación de una urbanización cuyas calles no figuran en el inventario municipal después de recibir información de los populares al respecto. Pero no por ser un mero fallo administrativo, sino para tratar de dilucidar si esas obras se pagaron, tal y como apuntan las dos facturas existentes, con fondos públicos.

Las imputaciones surgen a raíz de la operación desarrollada durante este último mes por la Guardia Civil , a quien De Lara encomendó realizar las pesquisas oportunas. En mayo, varios agentes se personaron en el Concello ante el secretario municipal para solicitarle el expediente íntegro de esta zona. Tal y como reveló ABC en exclusiva por esas fechas, en él se recogen dos actas de sendas juntas de gobierno (a las que ha tenido acceso este periódico) donde se aprobaron otras dos facturas a nombre de la empresa Canarga, encargada de realizar la pavimentación de O Cubelo hace cuatro años.

La primera data del 29 de diciembre de 2010. A la sesión asistieron el entonces alcalde, Xaquín García, y cuatro de sus ediles (Leonardo Bermúdez, Aurora Varela, Xesús Carril y Soledad Ríos Miramontes). Los cinco están imputados por dar el visto bueno a una factura de 8.000 euros «relativa a las obras de aglomerado de la calle de O Cubelo».

Dos de ellos (Bermúdez y Varela) también se sentaron en la segunda junta de gobierno, celebrada ya después de las elecciones municipales y, por tanto, con nuevo alcalde al frente. En ésta se acordó el segundo pago. La mesa la completaban el recién elegido regidor, Xosé Luis García, Natalia Pereira y María del Carmen Torreiro. El importe esta vez ascendió a 11.900 euros por los «trabajos de reparación y acondicionamiento del pavimento de las rúas Cubelo y Cuatro Vientos», reza el escrito. Una «reparación» que, según las fuentes consultadas, nunca existió.

De los ocho imputados en total, tan solo tres permanecen en el Ayuntamiento a día de hoy, dado que Pereira y Bermúdez dimitieron hace tiempo. Ninguno de los miembros actuales del gobierno nacionalista piensa emprender, por ahora, ese camino. De hecho, vinculan lo sucedido con el mandato de Xaquín García. El actual alcalde se desembarazó ayer de la polémica al sostener que lo «único» que hizo él «fue pagar», pues habían quedado varios miles de euros pendientes de la legislatura anterior, explicó a Efe.

Aclaró además que es la Guardia Civil quien le tomará declaración, no De Lara, y que el pago de la segunda factura «no tiene informe negativo de la Intervención». Algo así «como lo ocurrido en Santiago», empiezan a recordar algunas voces.