De Lara ve «amaños» de Aquagest con «empresas amigas» en seis concellos

En los cuatro primeros casos, el procedimiento es similar. Los agentes de Vigilancia Aduanera recaban «los expedientes completos» de los concursos en que hayan sido adjudicatarias o invitadas las empresas Aquagest, CPS Obras e Infraestructuras del Atlántico y Construcciones Boqueixón entre los años 2011 y 2012. La principal diferencia estriba en que la gestiones en Bergondo se hacen directamente con la alcaldesa, la socialista Alejandra Pérez, según el auto.

De hecho, en otro punto del sumario figura una llamada del gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, y una persona identificada como el «director de la zona norte de Agbar», Luis Morón, quien presuntamente se encargaba de la búsqueda de las empresas que concurrían a los concursos. En esta conversación, Morón le comenta que se lleva «bastante bien» con la alcaldesa. En esa misma conversación telefónica, Morón le cuenta a Míguez que las ofertas presentadas en Bergondo por parte de CPS y de Construcciones Boqueixón «fueron dos mierdas de oferta» y sugiere que la próxima vez deberían prepararle ellos «las plicas». «Para otras veces, preparamos nuestra plica y las de CPS y Boqueixón también (...) y presentamos tres ofertas decentes», le ordena el director de la zona norte de Agbar.

En cuanto a Ponte Caldelas, la búsqueda de Vigilancia Aduanera se extiende a los concursos en los que, entre 2011 y 2012, hayan sido adjudicatarias o invitadas Aquagest, CPS Obras e Infraestructuras del Atlántico, Construcciones Boqueixón, Overlim Noroeste y GRS Ars Local. Esta última compañía está identificada como «empresa administrada por el amigo de José Luis Míguez Alexandre Ros Valls»; mientras que CPS -tal y como publicó en abril de 2013 El País- habría prestado 60.000 euros al exalcalde popular de Santiago Gerardo Conde Roa.

En Bergondo y Valdoviño son tres obras de conducción de agua y pavimentación adjudicadas, mientras que en Cedeira y Ponte Caldelas se trata de una obra y en Ortigueira el auto únicamente refiere «concursos».

Al hilo de la investigación sobre Aquagest, la jueza Pilar de Lara incorporó al sumario un anónimo que denuncia que el Ayuntamiento de Arzúa, liderado por José Luis García López (BNG), adjudicó en 2009 una piscina climatizada a la mencionada empresa «bajo un sospechoso procedimiento administrativo en el que no hubo concurso público». De hecho, el alcalde, ante un informe positivo de la interventora municipal y dos negativos del secretario, aportó informes externos elaborados por un letrado. Ya en 2004, según señala este anónimo, los votos de BNG y PP se sumaron para conceder por 20 años la gestión del agua a Aquagest, igualmente «bajo un sospechoso trámite» y sin concurso.

Posteriormente, tal y como concluye el texto remitido a la magistrada, el entonces portavoz del PP local, Nicolás Esmorís, «pasó a formar parte de la plantilla de dicha empresa (Aquagest) con una suculenta remuneración», al igual que el hijo del alcalde y el marido de la referida interventora municipal.

En la capital gallega, la jueza constata que José Luis Míguez y el exdirector territorial de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, «se habrían concertado con funcionarios y autoridades» del Ayuntamiento de Santiago -como Gerardo Conde Roa y quien fuera su jefe de gabinete, Ángel Espadas- para «lograr la prórroga del contrato» de abastecimiento de agua, vigente hasta 2019. Para ello, siempre según el auto, acuerdan una modificación contractual «por la que la empresa aportaría una suma de dinero a cambio» y que no se utilizaría para obras en la ciudad sino para «el beneficio particular de una parte de las autoridades y funcionarios».

Así, recibirían «atenciones y regalos» de Aquagest «a través de otras empresas interpuestas». Con este fin, Espadas y Conde Roa piden a Aquagest presupuesto para la subsanación de las deficiencias de abastecimiento y saneamiento de las zonas rurales de Santiago, que el Ayuntamiento ve «imposible afrontar con sus propios medios», y cuya ejecución por parte de la empresa serviría de base para la modificación contractual. «Ángel Espadas mantiene tal compromiso con la renovación de Aquagest que quiere que el interventor y el secretario firmen sin ver los informes y, como se niegan, nombran a otras dos personas», según los investigadores, y como contraprestación él y Conde Roa reciben «pagos en especie, tales como regalos, comidas y viajes y, supuestamente, sumas de dinero».

Junto con ello, figura que Aquagest entregó 60.000 euros al equipo de baloncesto local «como acuerdo para renovar la concesión, a iniciativa de Ángel Espadas», al tiempo que aparece que el concejal de Deportes, Adrián Varela, pidió 70.000 para el equipo de fútbol sala de Compostela. Asimismo, se recogen «desvíos de dinero» para arreglar las oficinas del concejal de Agua y Saneamiento, Luis García Bello, por un importe superior a los 30.000 euros.

De igual forma, en el sumario consta el pago de un congreso de farmacéuticos y otro de dentistas, por importe de unos 2.000 euros cada uno. Otro apunte que resaltan los investigadores es «el grado de influencia que ejerce Míguez en el Ayuntamiento de Santiago», que llega «al extremo de que realiza indicaciones sobre contratación a Adrián Varela». «No les discutas el precio, nos hacemos nosotros cargo de la otra parte», le indica al edil en una conversación telefónica en marzo de 2012.