Los jueces y la fiscal que pusieron en jaque al consistorio de Santiago

Ana López Suevos, Jesús Leal y Aranzazu San José, han diezmado al gobierno municipal de la capital gallega

Los jueces y la fiscal que pusieron en jaque al consistorio de Santiago miguel muñiz

p. abet

05/06/2014
Actualizado a las 10:21h.

Detrás del reguero de dimisiones, renuncias y marchas varias producidas en el ayuntamiento de la capital gallega en los últimos tiempos, emergen las figuras de los dos jueces encargados de instruir y dictar una sentencia que ha puesto patas arriba el compostelano Pazo de Raxoi. ... La primera en ocuparse del convulso caso fue la magistrada Ana López Suevos, al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela. Del despacho de esta juez —pionera y recusada en una ocasión por dictar sus sentencias en gallego— salió la orden de imputación de los siete ediles acusados de intentar cargar a las arcas públicas la defensa de otro concejal implicado en la trama «Pokemon», germen de un caso que acabó devastando el plantel de miembros de la corporación de la capital.

Siete imputaciones polémicas

La decisión de la magistrada tras escuchar la versión de los siete implicados en el caso suscitó una agria polémica que obligó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a emitir un comunicado en el que sus compañeros salían en su defensa. Molestaron, y mucho, unas declaraciones vertidas desde el propio gobierno local que —criticaron— «insinuaban que el trabajo de la magistrada pueda tener algún otro interés que el propio de su función constitucional como juez de instrucción». Acostumbrada a este tipo de reproches, la magistrada —hija del Ramón López-Suevos Fernández, histórico dirigente de la UPG, y de una militante de la Asamblea Nacional Popular Galega que se convirtió en concejal de Santiago y en subdirectora general de Promoción Industrial y Comercio Exterior entre 2006 y 2009— también está detrás de la imputación del actual alcalde de Santiago, Ángel Currás, y de su predecesor en el cargo, Gerardo Conde Roa, en la instrucción de una denuncia por supuestos delitos de prevaricación y acoso moral.

Durante el juicio que dejó la instantánea de los siete concejales sentados en el banquillo , la fiscal del caso, Aranzazu San José, solicitó la conocida como inhabilitación especial para los imputados. O lo que es lo mismo, la imposibilidad de ocupar un cargo público durante un período de nueve años. Licenciada en la Universidad de Deusto, San José fue nombrada Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a propuesta del exministro de Justicia gallego, Francisco Caamaño. Más tarde, en 2012, fue cesada y desde entonces está adscrita a la Fiscalía de Área de la capital gallega.

Tras el mediático juicio, en el que San José se mostró especialmente dura en sus conclusiones, llegó la sentencia redactada por el juez sustituto Jesús Leal, que está al frente del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago. «Muy serio y profesional» según quienes lo conocen, de él podría decirse que se trata del magistrado que está de paso a la espera de la incorporación del titular de la plaza, Luis Aláez. Sin embargo, de Leal — un joven abogado licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña— dependió una condena que marcará un punto de inflexión en el devenir del ayuntamiento de la capital gallega. Condenados a nueve años de inhabilitación tras su paso por los juzgados de Fontiñas, los concejales procesados dejan el Pazo de Raxoi más vacío que nunca.