Orozco se querellará contra el empresario asturiano imputado en la «Pokemon»

En concreto, en el escrito presentado este martes, la defensa de Orozco alude a que la finalidad del artículo 215 del Código Penal «no es otra que la protección del derecho de defensa como presupuesto de procedibilidad para encausar a una persona por delito de injurias y calumnias vertidas en juicio y que, en sus declaraciones como imputado le asiste el derecho a faltar a la verdad, obviamente para su defensa, pero nunca realizar imputaciones sin fundamento sobre terceras personas». En todo caso, precisa que «en su declaración prestada los días 18 de marzo y 30 de mayo de 2011, lo hace en condición de testigo, con la siguiente obligación de ser veraz, advertido, como lo estaba, de las penas establecidas en el Código Penal por el delito de falso testimonio».

Así, en el escrito presentado en el juzgado se recuerda que el 18 de marzo el citado imputado señaló ante la jueza que «personalmente nunca vio ningún pago ni Javier le habló de realizar pagos» y declaró sobre la grúa de Lugo que «la condición indispensable para que les dieran el contrato era pagar 2.000 euros al mes al alcalde» e indicó que «realmente no sabe si se entregaba ese dinero al alcalde».

Por su lado, en la declaración del 30 de mayo de 2011 como testigo y bajo juramento manifestó que «estaba haciendo referencia al alcalde de Lugo y Javier con respecto a los pagos de 2.000 euros de caja b» y sobre si tiene alguna prueba de tales pagos «dice que Javier fue el que tomó la iniciativa de realizar los pagos de 2.000 euros al alcalde», consta en el escrito remitido a la magistrada Pilar de Lara Cifuentes.

Posteriormente, según recuerda la defensa de Orozco en el escrito, en su declaración como imputado el 6 de mayo de 2013, José Luis Álvarez realiza una declaración a petición propia «donde parece que va recuperando la memoria» y «sin la más mínima alusión al alcalde de Lugo», según consta en el texto. También el 28 de agosto de 2013 en otra declaración como imputado, Álvarez «aporta una factura y, como en la anterior, sin la más mínima referencia al alcalde de Lugo».

Por ello, la defensa del regidor de Lugo resalta en su escrito «la absoluta falta de rigor en sus declaraciones, especialmente las vertidas como testigo, donde claramente se advierte sin indicio que le ampare, la intención de responsabilizar al alcalde, con presunciones y conjeturas, y, por supuesto, sin la más mínima prueba, como él mismo asevera». «Calificaciones sin el más mínimo fundamento, con referencias en algunos casos a terceros, pero con la clara intención de imputar hechos supuestamente delictivos a mi mandante (Orozco), y no ya en el ejercicio legítimo del derecho de defensa, sino en sus primeras declaraciones como testigo», sostiene la defensa del alcalde de Lugo. «Estos hechos han cobrado una especial relevancia, con el consiguiente e irreparable daño moral para el señor alcalde, al ser reproducidos por toda la prensa de Lugo», concluye la argumentación. Por todo ello, pide a la juez que «acuerde conceder la preceptiva autorización al objeto de poder interponer querella criminal por los supuestos delitos de injurias y calumnias contra José Luis Álvarez Álvarez».

Por otra parte, la defensa del alcalde de Lugo estudia la posibilidad de requerir una solicitud también para poder querellarse contra el expolicía local que le grabó una conversación en la que le pedía empleo. En la citada conversación, un hombre que había ocupado una de las plazas de policías interinos en Lugo, en su despacho, le pedía un nuevo trabajo y le grabó cuando el regidor le respondió a su petición ofreciéndole un empleo «por seis meses» o un puesto en una futura empresa de gestión del agua que pretendía constituir.

En la grabación, que se incluye en el sumario de la «operación Pokemon», se escucha al alcalde de Lugo explicarle al expolicía que le pide un trabajo que el Ayuntamiento no puede sacar «ninguna plaza, no puede contratar a nadie».