«operación pokemon»
Testigos del caso describen la alcaldía de Lugo como una «agencia de colocación»
Orozco a un expolicía: «Te ofrezco un empleo por seis meses» o un puesto en una futura empresa de gestión del agua. Un anónimo le sugiere a la juez que se investigue el pago de material para el cierre de la casa de «Pachi» Vázquez
e. m. p.
Nuevas conversaciones y testimonios, recogidos en los últimos 18.000 folios (31 tomos) desclasificados del sumario de la «Pokemon», ponen contra las cuerdas a los ayuntamientos gallegos salpicados por la mayor trama de corrupción que se recuerda en Galicia. Declaraciones que, en su mayoría se ... centran en la figura del regidor de Lugo, Xosé López Orozco, imputado en la causa . Al parecer era práctica habitual que alguien de alcaldía llamase a las concesionarias municipales para facilitar un listado con los enchufados, según los testigos.
De entre las comparecencias que se recogen durante la instrucción, destaca especialmente la de un policía que había ocupado una plaza de interino y que acudió al despacho del munícipe para pedirle trabajo. La conversación entre ambos, que el hombre tuvo la picardía de grabar, es una de las pruebas que se incorpora al sumario de la «Pokemon», dando crédito a la ristra de testimonios que describieron al Ayuntamiento de Lugo como «una agencia de colocación».
El encuentro entre ambos se produce en el despacho de regidor lucense en mayo de 2012 y, ante la petición del exagente de movilidad, Orozco le ofrece un empleo «por seis meses» o un puesto en una futura empresa de gestión del agua que pretendía constituir —operación que no sale adelante—.
Ante la prohibición de creación de nuevos puestos de trabajo municipales, el regidor hace gestiones para confirmar si una de las cinco plazas de policías de movilidad que tienen está en la oferta pública de empleo, pero no es así. Tras indicarle que la empresa del servicio de limpieza Urbaser «tiene todo copado», le propone incorporarlo a un nuevo plan que pretende aprobar el Ayuntamiento y que consiste en «dar dinero a las empresas y encargarles unas obras a cambio de que contraten por seis meses a tres trabajadores». «No podemos hacer ni una plaza (municipal), menos mal que buscamos el camino de hacerlo mediante empresas», le explica Orozco al expolicía.
Sobre este episodio se excusaba este martes el munícipe, señalando que nunca colocó a ninguna persona «ni en el Ayuntamiento ni en ninguna empresa pública o privada». Al hilo, afirmó que se vio obligado a «expulsar de su despacho al expolicía que lo grabó, a la vista de su actitud manifiestamente irregular». Ello, pese a que en la grabación se escucha a Orozco invitándole a volver a pasarse por su despacho «el jueves o viernes de la próxima semana a primera hora de la mañana» para decirle «cómo va a ser».
Este mismo testigo (hijo de un veterano policía local) declaraba la pasada semana en el marco de la investigación sobre las oposiciones a agentes de movilidad de la Policía Local. En su comparecencia reconocía que los exámenes se los facilitó el jefe del parque móvil municipal y chófer del alcalde, José Reigosa —según publicó El Progreso de Lugo— y, también, que creía que lo hizo por indicación de Orozco.
«Pelotazo urbanístico»
El munícipe lucense no es el único al que se cita en esta nueva remesa, en la que se incluye un informe de Aduanas centrado únicamente en las conversaciones de la actual portavoz del PPdeG, Paula Prado, con el entonces jefe de gabinete del alcalde, Ángel Espadas. Los agentes sospechaban que la dirigente, que no está imputada en la causa, «mediaba para colocar a recomendados». «Lo que hace Conde Roa huele a pelotazo urbanístico», llegó a señalar en referencia al exalcalde.
Por otro lado, en el marco de esta misma trama, la juez instructora Pilar de Lara ordenó investigar, a raíz de un escrito anónimo, la titularidad de un aserradero y sus pagos. El objetivo era averiguar si se correspondían con el abono de facturas para surtir de material a una obra de la casa ex secretario general del PSdeG, «Pachi» Vázquez, en San Amaro (Orense).
«Pachi» ha asegurado este miércoles que las diligencias abiertas sobre la procedencia de material para su casa fueron archivadas por un juzgado de O Carballiño en agosto del año pasado.
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