Liñares disponía de 424.000 euros en efectivo y compró fincas para blanquear

Al respecto, los investigadores también implican a su esposa, Concepción Ferreiro Fernández, a quien Vigilancia Aduanera atribuye ser «partícipe y colaboradora necesaria», y de quien dice que, «conociendo el origen ilícito de los fondos, consintió y colaboró en la ocultación» de este dinero, motivo por el que los investigadores pidieron que ambos fuesen imputados por supuestos delitos de blanqueo de capitales. En el informe incluido en esta parte del sumario, se adjunta un manuscrito de Liñares con operaciones aritméticas sobre su contabilidad personal. Así, de esos 424.000 euros, según el papel adjunto, y cuando todavía no contaba con unos ingresos probables de 30.000 euros, había «pagado» a Miguel -presumiblemente el empresario García-Gesto- un total de 24.000 euros, aunque todavía faltaban por pagar otros 20.000 euros; mientras que había «adelantado» 15.000 euros a «Pepe» -sin especificar quién-, de manera que su disponibilidad de efectivo quedaba reducida a 215.000 euros. Paralelamente, en sus cuentas bancarias a esa misma fecha, 1 de mayo de 2012, el saldo disponible era de 38.205 euros.

De esta manera, Vigilancia Aduanera señala que «parte del dinero procedente de esta actividad ilícita se ha desviado a la adquisición de un importante patrimonio inmobiliario y la participación en distintas sociedades», algunas de las cuales -advierte- «tienen relevantes contratos con las administraciones públicas». Por otra parte, Liñares «ocultaba» sus pertenencias, no registrando los bienes o comprándolos a través de terceras personas, entre las cuales, indica Vigilancia Aduanera, se encuentra el administrador de Cechalva -adjudicataria del servicio de la grúa en Lugo-, Demetrio Arias.

De esa empresa, estaría recibiendo, supuestamente, «cantidades elevadas de dinero por la influencia ejercida en la concesión y adjudicación del servicio» desde «hace años». El informe patrimonial de VADA incluye el análisis de diferentes compras.