La causa de Serafín Castellano investiga hasta seis delitos de corrupción

Tras un registro que se ha prolongado durante toda la mañana, Castellano ha salido de su domicilio en la localidad valenciana de Benisanó conducido por la Policía.

Castellano ha llegado esposado poco antes de las siete de la tarde al juzgado de instruccióm número uno de Sagunto, donde ha prestado declaración como imputado.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras la declaración, la juez ha acordado, de acuerdo con la petición fiscal, libertad provisional, obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

La operación, que suma un total de nueve detenidos, sigue abierta y se siguen practicando diligencias.

La relación total de delitos que afectan a los siete detenidos que han sido puestos a disposición de la juez son: malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo.

Castellano ha salido del juzgado tras comparecer durante algo más de media hora y, sin hacer declaraciones, ha abandonado el lugar en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.

Un amplio dispositivo de seguridad, formado por policías nacionales y guardias civiles, ha facilitado la salida de Castellano del Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto pasadas las siete y media de la tarde en medio de un gran número de medios de comunicación y curiosos.

Castellano ha salido de la sede judicial acompañado por su abogado y se ha subido directamente al turismo que le esperaba a la puerta, al volante del cual estaba Quinzá.

La detención había sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

El Consejo de Ministros ha acordado la destitución de Serafín Castellano, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El subdelegado de Gobierno en Valencia, Juan Carlos Valderrama, sustituirá en el cargo en funciones al delegado.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando desde octubre de 2014 una presunta contratación irregular por parte de Serafín Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación, a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, a la que adjudicó un contrato por 22 millones de euros en 2010.

El arresto se ha producido en la localidad de Benisanó, donde reside el delegado del Gobierno. Castellano llegó al cargo en junio del año pasado tras ser destituido como conseller de Gobernación y secretario general del Partido Popular de la Comunidad. Tras las elecciones del pasado domingo se había quedado como el principal cargo institucional de la formación en la región. Ayer ya tuvo un acto público en Valencia y para este viernes tenía previsto en su agenda una visita a la localidad castellonense de Nules.

Los agentes han desplegado una operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción, en la que se están practicando diferentes registros tanto en la vivienda de Castellano como en la sede de la conselleria, han informado fuentes conocedoras de la investigación.

Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa --empresa adjudicataria de dichos contratos-- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano -- quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV -- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.

En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.

Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones --se apunta en la denuncia-- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.

No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.

Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.

Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.

También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado "conforme a la ley y a los procedimientos de contratación".