Camps presenta una avalancha de escritos en el TSJCV en un mes por el caso de la F-1

Fue el pasado mes de diciembre cuando Fiscalía Anticorrupción presentó en el tribunal valenciano una querella contra Camps , la exconsellera de Turisme Lola Johnson, y el expiloto y empresario Jorge Martínez 'Aspar', por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1 que acogió Valencia entre los años 2008 y 2012. Camps siempre mantuvo que la Fórmula 1 no iba a costar ni un euro a los valencianos, aunque finalmente se pagaron con fondos públicos 50 millones en la compra de la empresa privada Valmor Sports, a la que el magnate del campeonato Bernie Ecclestone dio todos los derechos del Premio.

A primeros de febrero, el TSJCV decidió admitir a trámite la querella del fiscal y designó a una instructora para el procedimiento: Pía Calderón --a quien también le correspondió investigar el conocido como 'caso Cooperación', en el que se le juzgó y condenó al exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' Rafael Blasco a la pena de ocho años de prisión--.

Seguidamente se abrió un trámite para personarse en la causa, y a finales de mes, Camps presentó su primer escrito en el tribunal en el que avanzaba que iba a representarse él mismo en el procedimiento , en virtud de la habilitación que le había concedido el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav).

Tras este primer escrito de personación, Camps ha remitido al TSJCV otros ocho recursos más en esta causa, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones. Esta manera de proceder es para algunos juristas "sorprendente" y "poco eficaz", ya que "podría saturar al tribunal", han apuntado.

El que abría la tanda era un recurso de súplica contra el auto de admisión de la querella de Fiscalía acordado por el tribunal valenciano en el que defendía que no había indicios de ilegalidad en su actuación y se quejaba del trabajo del fiscal.

Tras ello, ha presentado escritos de queja, aclaración e, incluso, uno en el que planteaba un incidente extraordinario de nulidad de las actuaciones, pese a que no era el momento procesal oportuno para presentarlo. Respecto a este último escrito, Camps lo remitió al TSJCV contra el auto de admisión a trámite de la querella, pese a que este recurso únicamente se puede utilizar, según contempla la ley, una vez se ha concluido el proceso y contra resoluciones firmes. De esta forma, para resolverlo, el tribunal no llegó a dar audiencia a las partes de la causa y decidió desestimarlo inmediatamente.

En cuanto al resto de escritos que ha ido presentado --queja y aclaración--, Camps, entre otros aspectos, se ha quejado de que no ha tenido acceso a toda la documentación que obra en el procedimiento y también ha planteado una recusación contra la magistrada Pía Calderón al considerar que no es imparcial para instruir el caso puesto que ya tuvo que pronunciarse junto a otros dos compañeros sobre la admisión o no de la querella del fiscal.

En estos momentos, todavía puede presentar un último escrito a ntes de que el TSJCV decida si la causa debe seguir instruyéndose en el tribunal valenciano o en un juzgado ordinario ante la pérdida de aforados en la causa , ya que Camps ha perdido la figura del aforamiento tras disolverse las Corts por las próximas elecciones autonómicas de este año, en las que no repite en las listas del PP. En concreto, el exjefe del Consell --al igual que el resto de partes-- debe/puede pronunciarse si está a favor o en contra de que el procedimiento vaya a un órgano judicial ordinario.

La querella de Fiscalía por este asunto se centra en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".