El TSJ valenciano juzgará la pieza de Fitur del Gürtel pese a que ya no hay aforados

El pleno de la Sala de lo Penal del Supremo ha decidido que después de que se abra juicio oral a un aforado, aunque éste renuncie a su cargo, su caso seguirá siendo competencia del tribunal que fuera competente antes de su dimisión.

La decisión afecta asimismo a la exsenadora socialista Elena Diego, acusada de prevaricación, pues a ella también se le abrió juicio oral antes de su renuncia, como sucedió con las dos exdiputadas autonómicas populares valencianas, y, por eso, será el Supremo el competente en su caso.

El acuerdo de la Sala, adoptado por unanimidad, recayó en el Supremo en relación con el citado caso valenciano, pero asienta un criterio general que se aplicará a casos concretos.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de declararse no competente para celebrar el juicio y dejar el caso en manos de la Audiencia Provincial después de que renunciaran a sus escaños Angélica Such y Milagrosa Martínez.

Para el TSJV la renuncia de las diputadas conllevaba necesariamente su falta de competencia, por carecer todos los acusados de la condición de aforados, pero la Fiscalía entendió que las diputadas abandonaron el escaño no cuando se les imputó, sino cuando ya se había señalado juicio contra ellas. Ese el criterio ahora fijado por el Supremo, que ha aceptado el recurso.

El juicio, que quedó suspendido en el TSJV, se abrió por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

Además de las dos exconselleras y exdiputadas del PP están acusados el exjefe de Gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, ya condenado por la causa de los trajes, y también otros altos cargos valencianos y supuestos miembros de la red: Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau, Juan Bover, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

Los hechos por los que se decide la apertura del juicio oral se refieren a diversas adjudicaciones realizadas por la Agencia Valenciana de Turismo, entidad pública de la Generalitat Valenciana, a la mercantil Orange Market SL y otras sociedades vinculadas.

Les encargaron "organizar y realizar la mayor parte de actos del PP de la Comunidad Valenciana de los contratos relativos a Fitur 2005 a 2009".

Los indicios apuntan a que el grupo mercantil "desplegó" sus influencias para conseguir la adjudicación de las ferias Fitur de la Comunidad Valenciana, aprovechándose de las "relaciones personales" de sus gestores (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Isabel Jordán) con las máximas autoridades del Gobierno valenciano.

Los hechos, que deberán ser demostrados en el juicio, apuntan a que en las ediciones de Fitur de 2005 a 2007, con Milagrosa Martínez en la presidencia de la Agencia, los gestores de Orange Market SL llegaron a obtener, en presunta colaboración con los empleados públicos de AVT, el borrador de los pliegos de los concursos.

La mercantil gestionada por Correa podría haber recibido la máxima puntuación en los criterios subjetivos y habérsele adjudicado así la contratación de Fitur 2005 "pese a ser la más cara", por 930.000 euros, con informes favorables de Rafael Betoret.