Las claves del auto que permitió la excarcelación de Ricart

Así consta en el auto, cuyo contenido fue anticipado el pasado viernes, y que cuenta con un voto particular del magistrado Juan Beneyto , quien c onsideraba que había habido indefensión para las víctimas ya que no dispusieron de los autos dictados por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los que se trataba las redenciones de pena.

En la resolución de la Audiencia - acordada por mayoría -, contra la que se puede interponer recurso de casación , se dedica un apartado importante a contabilizar las redenciones ordinarias y extraordinarias aplicadas a Ricart. Así, expone que a fecha 25 de noviembre de 2013, solo con la aplicación de las redenciones ordinarias, debería considerarse cumplidos 11.145,5 días , cantidad que supera el límite de duración de la pena -30 años, a razón de 365 días por año, 10.950 días-.

Y si a ello se sumaran los días de redención extraordinaria y los de prisión provisional preventiva abonable -1.150-, " no cabe, es obvio, duda alguna de que se ha superado extensamente el tiempo de duración de la pena que el condenado debía cumplir para extinguir las penas que fueron acumuladas" en su momento. Asimismo, y en relación con las redenciones, la Audiencia indica que "no cabe reprochar" al juzgado de Vigilancia Penitenciaria la ausencia de comunicación de las decisiones adoptadas en materia de redenciones --ordinarias o extraordinarias-- a los personados en el procedimiento, al no tener los mismos legitimación para recurrirlas.

Por otro lado, en relación con la solicitud de reclamar al centro penitenciario información de las circunstancias que afectasen al Programa Individualizado de Tratamiento para Agresores Sexuales al que se hubiera podido acoger el interno, la Audiencia considera que el mismo sería relevante a los efectos del penado a la libertad condicional . Sin embargo, no es este el caso, puesto que se ha dado por extinguida la condena. Asimismo, la Audiencia resuelve sobre una de las alegaciones de la Abogacía del Estado, quien estimó que de considerarse proyectables a este caso los efectos de la sentencia del Tribunal Europeo , solo lo serían hasta el momento en que se dictó la sentencia en 2006 sobre la doctrina Parot, puesto que a partir de dicho momento, la aplicación de la nueva jurisprudencia había dejado de resultar imprevisible. Al respecto, el tribunal señala que dado que la decisión dictada en esta causa para la acumulación de condenas y fijación del límite máximo de cumplimiento para la extinción de las responsabilidades penales derivadas de las condenas acumuladas es de fecha anterior a la dictada en la causa examinada por el tribunal europeo -30 de noviembre de 2000-, "no cabe asumir la tesis" de la Abogacía. Así, " no cabe liquidar la condena excluyendo las redenciones de condena abonadas durante el tiempo de cumplimiento transcurrido a partir del 28 de febrero de 2006 ".

En su voto particular, el magistrado Beneyto, quien no entra en el fondo sobre la sentencia del Tribunal Europea de Derechos Humanos (TEDH ), se opone a la puesta en libertad de Ricart por entender nulas las actuaciones como consecuencia de los autos dictados por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria en los que se acordaban las redenciones ordinarias o extraordinarias sobre la condena del penado "al haberse prescindido total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento". El magistrado estima que se ha producido "indefensión" ya que se debió notificar a las partes personadas y a las víctimas de los delitos cometidos por Ricart las resoluciones de las redenciones de pena para que hubieran tenido su derecho a recurrir, "dentro del derecho constitucional a un proceso público con todas las garantías".

Al respecto, explica que inicialmente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecía que solo podían recurrir los autos del juzgado de Vigilancia tanto el ministerio fiscal como el propio interno . Sin embargo, en 2003 se reformó esta norma y ya no se limitaba a estas dos partes la posibilidad de recurrir las resoluciones que afectaran a la libertad y/o excarcelación del penado. De esto se puede entender que la reforma del año 2003 ya permitía la intervención de las partes personadas en el proceso penal, en este caso, de las partes personadas en representación de las jóvenes asesinadas y violadas, para poder recurrir los autos dictados por el juez de Vigilancia Penitenciaria que afectaran a la fecha de vencimiento y la puesta en libertad.

Sin embargo, no se hizo: "e s claro que un acortamiento de la pena suponía un claro perjuicio para las representaciones de las víctimas , pues la puesta en libertad con carácter anticipado supone lo que va a suponer en la actualidad una situación de angustia simplemente por la posibilidad de reencontrarse con la persona que cometió tan aberrantes delitos contra sus hijas". Por ello, entiende que los autos "debieron de ser notificados" para que por las partes personadas o no, pero víctimas en el sentido amplio, se hubiera realizado el efectivo control sobre los beneficios penitenciarios acordados, que "desde luego, y teniendo en cuenta la importancia y gravedad de los delitos cometidos por Miguel Ricart, debieron ser tratados de una manera mucho más detallada y razonada, es decir, como realmente se merecía". Por ello, p ide que se retrotraigan las actuaciones al momento posterior al dictado de los autos para la notificación de cada uno de ellos a las partes personadas y víctimas.