El aeropuerto de Castellón perdió 7,5 millones en 2012 pese a estar inoperativo

Según recogen las cuentas anuales hechas públicas este jueves por la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, Aerocas dedicó 2,37 de los 5,05 millones de 'otros gastos de explotación' a 'servicios profesionales independientes ', frente a los 918.663 euros dedicados en 2011, y 2,4 millones a 'otros servicios', frente a los 129.607,11 euros del año anterior. Contrastan con esos aumentos el fuerte descenso registrado, dentro de esa misma partida, en ' publicidad, propaganda y RRPP ', que pasa de 5,09 millones en 2011 a 702,84 euros un año después. En 2012, los gastos financieros se incrementaron hasta situarse en 2,37 millones de euros, frente a los 2,15 de 2011, la mayoría --1,86 millones-- por deudas con empresas del grupo y asociadas.

Por su parte, l os gastos de personal disminuyeron de 368.865,49 a 330.917,18 euros, sin variaciones en una plantilla de siete personas: un directivo, tres mandos intermedios y tres administrativos. Según consta en la memoria adjunta, estas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, ya que Aerocas «está realizando todas las gestiones oportunas para la puesta en funcionamiento y explotación del aeropuerto » y, mientras tanto, «va a seguir contando con el apoyo financiero» de la Generalitat mediante aportaciones a través de la Ley de Presupuestos.

Sobre esta cuestión, el informe de auditoría señala que las pérdidas acumuladas sitúan el patrimonio de la sociedad en 61,48 millones de euros, inferior a la mitad del capital social, supuesto de disolución, y apunta que el decreto de reestructuración del sector público empresarial establece la incorporación de las acciones de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat, partícipe de Aerocas, y su posterior extinción sin practicarse liquidación.

En ese informe se hace constar que el coste de las obras de construcción asciende a 158,4 millones y que, dada la realidad económica y técnica del proyecto y que su puesta en marcha dependa de factores y decisiones externas, carece de información suficiente para evaluar si «existe indicio de deterioro de valor de estos activos». Además, subraya que el proyecto «está asociado a actividades que actualmente no generan ningún tipo de ingreso » y que la sociedad no ha facilitado información que evidencie la capacidad de esos activos de generar recursos económicos en el futuro, ni sobre los flujos de efectivo futuros esperados de los mismos.

Incertidumbre» sobre capacidad económica a corto plazo

También indica que del balance de situación se desprende un fondo de maniobra negativo de 43,56 millones , que ha «aumentado considerablemente» respecto a 2011 y « supone una incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad para hacer frente a sus obligaciones económicas contraídas en el corto plazo». El auditor se refiere asimismo a la mención de una oferta de compra de las participaciones sociales de Aerocas, formalizando un acuerdo de confidencialidad y un protocolo de intenciones con un grupo de inversión, asunto sobre el que indica que no tiene «evidencia de auditoría» sobre la realización de esas acciones, como tampoco de la asunción de deuda por parte de la Generalitat.

Crédito de 44,85 millones de «muy dudosa recuperación»

En cuanto a las pérdidas , apunta que aumentarían en 4 4,85 millones si hubiera contabilizado de acuerdo con los criterios financieros que resultan de aplicación el crédito por ese importe que el auditor considera «de muy dudosa recuperación » dada la «difícil situación financiera» en que se encuentra la empresa que lo obtuvo, Concesiones Aeroportuarias S.A., declarada en concurso de acreedores en 2012.

Igualmente, señala que esas pérdidas aumentarían en otros 20,7 millones por la diferencia entre la deuda reconocida por la sociedad y la posible indemnización de carácter subsidiario derivada de la demanda judicial en concepto de resolución del contrato entre las partes litigantes para la construcción y explotación del aeropuerto. Al respecto, detalla que supondría la extinción del contrato y condena al pago de una indemnización de 126,42 millones, más las cantidades que resulten de la cancelación de un contrato de cobertura de tipos de interés y, con carácter subsidiario, a la pretensión principal mencionada, resolución del contrato y condena al pago de una indemnización de aproximadamente 132,09 millones de euros.