Mossos, el cuerpo del delito

En realidad, la polémica siempre ha caminado de la mano de los Mossos d'Esquadra, un cuerpo policial joven que, sin embargo, acumula un amplio historial de denuncias por malos tratos, uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial. Es más: a la vez que comenzaban a filtrarse los vídeos de la detención de Benítez, la Audiencia de Barcelona condenaba a un agente de la policía catalana por golpear en la cabeza a un detenido durante su reducción en el barrio barcelonés del Raval. El mosso en cuestión, además, ya contaba con una codena previa de tres años por lesiones y detención ilegal.

Tristes pioneros

A mediados del pasado mes de noviembre, cuatro mossos d’Esquadra condenados por torturar en 2006 a un ciudadano rumano al que confundieron con un delincuente tuvieron el triste honor de ser pioneros. Serán los primeros agentes de la Policía autonómica catalana que ingresarán en la cárcel por maltratar a un detenido desde que los Mossos culminaron su toma de control del orden público en toda Cataluña, su despliegue, en el año 2008.

El caso de estos mossos, como otros que han quedado en penas de multa o de cárcel -esta vez sí, neutralizadas por indultos parciales-, se arrastran de la época del tripartito, que, en su último mandato, con el consejero "antisistema" Joan Saura (ICV), destapó varios episodios de malos tratos detenidos en la comisaría de Mossos de Les Corts, en Barcelona. Unos episodios que habían sido grabados con cámaras ocultas que la propia Consejería de Interior instaló ante el alud de denuncias por malos tratos policiales que les llegaban.

Denuncia a Europa

Con la llegada, el regreso, de CiU al gobierno de la Generalitat, en 2010, las cosas no han ido a mejor. Según denunció el pasado verano el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB) en un informe que fue remitido al Comité de Prevención de la Tortura (CP) del Consejo de Europa, en 2011 se cuadruplicaron las denuncias presentadas en Cataluña por presunto maltrato policial, al pasar de 67 a 241. El grueso de dichas denuncias, un 85,2%, se dirigían contra los Mossos d’Esquadra.

El informe, que también recogía presuntos abusos cometidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, custodiado por la Policía Nacional, y en las cárceles catalanas, tuvo su efecto. El pasado junio, una comitiva del citado Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó una visita extraordinaria a Cataluña para analizar las denuncias. Pidieron más información a los denunciantes y se entrevistaron, entre otros, con el entonces Consejero de Interior, Felip Puig, sustituido ahora en el cargo por Ramon Espadaler.

Los responsables del Observatorio del Sistema Penal denunciaron ante Europa lo que calificaron como una "deriva penal, policial y represiva", y censuraron la "política represiva" de la Consejería de Interior de Puig.

Más allá de la coincidencia en el tiempo -por culpa de la endémica morosidad de la justicia- con capítulos de brutalidad policial anteriores a su mandato, lo cierto es que el "estilo Puig" y, por ende, el manejo de los Mossos al cargo del gobierno de CiU que lidera Mas ha acumulado polémicas. La irrupción del movimiento de los indignados en 2011 y la crisis pueden explicar en parte que hayan aumentado los problemas de orden público y seguridad. Durante el año pasado, se hicieron 7 manifestaciones de media cada día en Cataluña y se multiplicaron las protestas no comunicadas a su Consejería de Interior, pasando de las 236 a las cerca de 600.

Con todo, la gestión de este problema fruto de un auge de la conflictividad social ha sido nefasta. En el historial de Puig y sus Mossos lucen manchas de categoría como los del fallido desalojo de los "indignados" de la plaza Cataluña de mayo de 2011 que acabó con caos, cargas policiales y más de un centenar de heridos. O la batalla campal que grupos radicales orquestaron en el centro de Barcelona durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de este año. Faltó previsión ese día pese a los precedentes recientes de altercados en circunstancias parecidas -sin ir más lejos los que hubo en otra huelga general, la del 29 de septiembre de 2010-, y luego no se supo actuar en caliente.

Legalidad dudosa

Se hizo después, con iniciativas de dudosa legalidad como la web en que se colgaban fotos de alborotadores del 29-M para que fueran identificados. O con detenciones preventivas en las varias concentraciones de protesta que hubo en vísperas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona, el 3 de mayo. Una de estas "manis", de carácter anticapitalista, tuvo lugar el 1 de mayo, y la actuación de los antidisturbios ya ha dado pie a al menos una querella por maltrato policial Un detenido en esa protesta denunció que los Mossos le habían fracturado varios huesos de la mano retorciéndole la muñeca poco antes del inicio de la protesta, cuando supuestamente se encaró con los agentes.

Y eso por no hablar de uno de los casos que más han coleado en los últimos meses, el de la presunta a gresión que sufrió Ester Quintana durante la huelga general del 14-N y en la que perdió un ojo. Pese a que la conselleria de Interior negó en un primer momento que se hubiesen disparado pelotas de goma durante la manifesatación, la aparición de nuevas informaciones han obligado a la Generalitat a rectificar en más de una ocasión y cambiar constantemente una versión de los hechos que, a día de hoy, solo ha conseguido sembrar más dudas sobre lo ocurrido en realidad.