La Generalitat cifra en 9.375 millones el coste de los «incumplimientos» del Estado

El documento pone de manifiesto que "la cronificación de una actuación desleal por parte del Estado comporta una vulneración directa del principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos", ha asegurado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs.

De esta cantidad, 5.748 millones son deudas pendientes en infraestructuras; 672,6, fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, por medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat; y 1.239,9, fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Govern.

"Esperamos que -en el Gobierno- se analice, que se cumpla y si no se comparte, que se diga", ha dicho Homs, quien ha defendido el estudio como un "ejercicio de transparencia" que, en el diagnóstico de las relaciones entre ambos ejecutivos, "no nos da miedo hacer".

Preguntado por si este informe, añadido a la tensión política por el debate soberanista, puede acabar en un "choque de trenes" entre Estado y Generalitat, Homs ha levantado el estudio asegurando que "esto es un tren que ha pasado por encima" y ha vaticinado que incluso la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, compartiría las conclusiones del citado documento.

Homs ha alertado de que se han "cronificicado" las deslealtades del Gobierno, que se remontan a la época del presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) y que han sido "corregidas y aumentadas" en los últimos años.

Según Homs, estos incumplimientos están detrás de parte del "sufrimiento" de los ciudadanos catalanes y vulneran su derecho a no ser "discriminados" por razón del territorio en el que viven, porque el Estado, a su juicio, no aporta los recursos que debería en ámbitos como infraestructuras, educación, becas o servicios a la dependencia.

En este sentido, el informe incluye por ejemplo el incumplimiento por parte del Gobierno de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha provocado en la última década la pérdida de 120.000 becas en Cataluña.

Como tal, el principio de lealtad institucional, sobre el que se analizan los supuestos agravios económicos, se introdujo en el acuerdo de financiación del 2001, según el informe presentado hoy.

El estudio también denuncia decisiones del Estado orientadas a "menospreciar" la lengua catalana -como la negativa a usar esta lengua ni en organismos estatales ni internacionales-, el sistema educativo -la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa- o la cultura -caída en un 46% de la inversión o los llamados Papeles de Salamanca-.

El documento también hace referencia a otras acciones en contra del estatus político de Cataluña como la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut, el rechazo de Rajoy al pacto fiscal y la declaración de soberanía del Parlament suspendida por el TC.