La Generalitat mantiene la suspensión de las ayudas a dependientes para una residencia

La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia, pese a que se comprometió en julio a que la medida sólo duraría los meses de agosto y septiembre.

Así lo ha hecho público este lunes en un comunicado el departamento que lidera Neus Munté, que en julio admitió que este recorte temporal afectaría a medio millar de catalanes dependientes, cifra que aumentará con la prorrogación de la medida.

Bienestar ha atribuido el ajuste de esta ayuda, conocida por el sector como prestación económica vinculada (PEV), a los «constantes incumplimientos» del Estado en la Ley de la dependencia. «Esto nos ha obligado a buscar soluciones dialogadas con el sector para garantizar la sostenibilidad del sistema», ha añadido la Consejería, que ha recordado que el Gobierno autonómico asume el 80% del coste de la dependencia frente al 20% del Estado, mientras que debería ser a partes iguales.

El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias Upimir, Vicente Botella, ha explicado a EP que «el principal perjudicado por este recorte es el usuario que está esperando una plaza residencial en su casa». Además, ha criticado que, «una vez más, la Generalitat comunica un recorte a última hora y de forma escueta», y ha recordado que el sector acumula atrasos en los pagos y deudas.

El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) inició en 2011 un proceso de acreditación de plazas privadas para acoger a personas con una prestación económica vinculada al servicio. Esto ha permitido que una gran cantidad de centros hayan podido ofrecer a beneficiarios una plaza de residencia, a la que, de otra forma, no tenían posibilidad de acceder. La medida, acompañada de un esfuerzo presupuestario, también ha permitido una reducción de las listas de espera para acceder a una plaza de titularidad pública, según ha dicho Bienestar.