Una terna de magistrados del TSJC decidirá si imputa a Oriol Pujol

Una vez llegue al TSJC, instancia a la que corresponde instruir el caso por la condición de aforado de Oriol Pujol, se designará de forma aleatoria a la terna de magistrados a la que corresponderá resolver si hay suficientes indicios para la imputación del dirigente de CDC por un presunto delito de tráfico de influencias, la llamada "sala de admisión".

Antes de tomar la decisión sobre la imputación, de los tres magistrados se escogerá a un juez ponente que deberá estudiar la causa en profundidad y exponer a sus compañeros los argumentos que observa para decidir si sigue o no adelante la causa contra el aforado.

La decisión última sobre la imputación la deberán adoptar los tres magistrados, que si coinciden que hay indicios para abrir una investigación contra el diputado convergente se la encargarán al juez ponente, que de esa forma asumirá las funciones de un instructor.

Si de la instrucción se desprenden motivos para enviar a Oriol Pujol a juicio, el aforado será juzgado por el TSJC, pero en caso de que se archive la causa contra él, el caso se remitirá a la juez instructora para que prosiga las diligencias contra el resto de imputados no aforados.

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la componen siete magistrados, aunque su presidente, Miguel Angel Gimeno, está excluido de las funciones de instrucción, pese a que interviene para juzgar y dictar sentencias.

Además de Gimeno, miembro de la progresista Jueces por la Democracia, en la sala civil y penal del TSJC también figura su antecesora, Maria Eugenia Alegret, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El resto de los magistrados de la sala son Carlos Ramos, procedente de la carrera fiscal, los exdirectores de la Escuela Judicial Núria Bassols y José Francisco Valls, así como el expresidente de la sala 18 de la Audiencia de Barcelona Enric Anglada y el profesor de Derecho Civil Josep Manel Abril, nombrado por el Parlament.

Por el momento, la Fiscalía cree que hay indicios para imputar a Oriol Pujol por un delito de tráfico de influencias, que persigue a las autoridades que valiéndose del ejercicio de su cargo maniobraran para conseguir una resolución que suponga beneficios económicos para él o un tercero, lo que está castigado con penas de seis meses a dos años y de tres a seis años de inhabilitación .

De acuerdo con el Código Penal, si el imputado consiguiera el beneficio perseguido -lo que no sucede en el caso de las ITV dado que la operación se precipitó sin que se materializara el presunto trato de favor que buscaban los funcionaros-, la pena se tendría que imponer en su mitad superior.