La Junta de Castilla y León, «a favor» de que la Religión deje de ser evaluable

No pisa el charco sin advertir de que no se olvida de que la enseñanza religiosa es un derecho constitucional recogido en el artículo 27.3 de la Carta Magna: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En este sentido, la Junta subraya su respaldo a una asignatura que -advierte- es optativa, pero incide también que la Religión es «sólo una parte muy mínima de la Educación» .

El Gobierno castellano y leonés apuesta por un debate educativo que no se centre en este aspecto y reclama un nuevo consenso. Mejor dicho, dos. Porque el departamento que dirige Rey considera necesario un acuerdo sobre el sistema educativo y otro, «por separado», en torno al tratamiento de la formación religiosa. Al fin y al cabo, el consejero siempre ha garantizado que cumplirá las normas -aunque sea a regañadientes-, al tiempo que dejaba claro que, a su juicio, la última reforma impulsada por el PP nació con «pecado original» al no contar con los apoyos suficientes por parte de la comunidad educativa y ni los demás partidos. «Una vez que se despeje la incógnita electoral hay que restablecer acuerdos esenciales, recuperando los aspectos acertados de la Lomce y corrigiendo otros, pero, por Dios, con consenso», aseguró Rey en la tertulia Cope-ABC hace dos semanas.

Sin embargo, el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo , no quiere saber nada de las «ocurrencias» de los socialistas. Más afín a la línea de los populares en Moncloa, apuesta por un sistema defensor de la libertad en el seno de una enseñanza volcada en la calidad y la equidad, y rechaza la propuesta que saca del currículo la Religión. «Divide más que une», advierte, reclamando «más respeto» y menos imposiciones de «doctrina única». Carlos Fernández Carriedo critica la apertura de este debate por considerarlo «innecesario» cuando, insiste, «hay otras prioridades» tanto en la Educación como en el país. Además, propone al PSOE que se mire en el modelo de éxito de Castilla y León, centrado en la «libertad, equidad y calidad» y avalado internacionalmente.

Desde la bancada socialista del hemiciclo regional, Fernando Pablos, considera razonable la iniciativa de su partido y, sobre todo, coherente con un Estado aconfesional y una educación laica. A su juicio, su propósito permite que siga habiendo libertad absoluta para las diferente confesiones religiosas, pero limita la formación al margen del horario escolar.

Asegura Pablos que esta medida permitiría reforzar asignaturas hasta ahora relegadas o, en función de las necesidades, las troncales. «Me alegro de que el consejero esté a favor del consenso», admite el procurador salmantino, que también se opone a que la nota de religión condicione el acceso a una beca o a la elección de distintas opciones por parte de los alumnos.