Al «violador del ascensor» se le podría aplicar la libertad vigilada

Hernández ha mantenido este jueves en Valladolid un encuentro de trabajo con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano , y con las Unidades de Violencia de Género de las nueve provincias de Castilla y León, antes de la cual ha sido preguntada por los periodistas por el caso de Gallego Fernández, quien tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que anula la aplicación de la conocida como Doctrina Parot , podría quedar en libertad en los próximas días . Blanca Hernández ha recalcado que la última reforma del Código Penal introdujo un "importante" elemento para los delitos de violencia de género como la posibilidad de aplicar la libertad vigilada a los reclusos que queden en libertad, "si lo determina" el órgano judicial correspondiente, informa Ep.

La delegada para la Violencia de Género ha señalado que anteriormente, estas medidas estaban previstas para "otro tipo de delitos", pero desde la última reforma se puede tomar en casos de reclusos por violencia de género. Así, si se aprecia "una especial peligrosidad" se puede imponer la libertad vigilada en un plazo de "hasta tres o cinco años, con posibles prórrogas". Esta medida implica distintas herramientas para "eliminar esta peligrosidad", como la prohibición de acercarse a las víctimas con el empleo de brazaletes telemáticos que garanticen las órdenes de alejamiento, obligaciones de no residir en un lugar determinado o presentarse en los juzgados.

Pedro Luis Gallego se encuentra en prisión, condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más. Si se hubieran tenido en cuenta las reducciones de condena, podría haber salido a la calle en 2008, pero la aplicación de la Doctrina Parot lo ha mantenido encarcelado hasta la actualidad.

Por otra parte, Blanca Hernández ha explicado el funcionamiento de las Unidades de Violencia de Género , que buscan reforzar los mecanismos que existen para la atención y prevención de los casos de violencia de género y de las situaciones de desigualdad que pueden sufrir las mujeres. Estas unidades coordinan los recursos del Estado para prevenir los delitos, favorecer la atención a las víctimas y también sensibilizar a la población. Así, por el momento se han establecido "conexiones" con los sistemas públicos de atención, se han firmado convenios para la atención de las víctimas y se ha contribuido a "eliminar el peregrinaje" de las víctimas para encontrar los mecanismos de protección.