¿Es injusta la Ley Electoral Canaria?

El resto, es decir las otras 30 representaciones parlamentarias han de repartirse entre las demás islas: Fuerteventura y Lanzarote por la provincia de Las Palmas y La Palma, La Gomera y El Hierro, que son las que le corresponden a la provincia tinerfeña. Analizando estos números con criterios exclusivamente de reparto territorial , esta paridad parece equitativa y justa. Sigamos entonces analizando.

¿Qué ocurría si en lugar de tener en cuenta a los territorios, que dicho sea de paso no votan, observásemos el sistema electoral con ojos más demográficos, es decir desde la distribución poblacional? Resulta que el 83% de la población canaria reside en las dos islas capitalinas y el restante 17% de los ciudadanos lo hacen en las demás.

Ah… un momento, parece ser que si tenernos en cuenta a los ciudadanos, que somos los que manifestamos nuestra voluntad mediante nuestro voto y no a los territorios, ya no parece que haya tanta equidad ni tanta justicia. Si atendemos al principio lógico de una persona un voto vemos que lo que inicialmente parecía un sistema equitativo ahora se vuelve profundamente injusto .

Pongámosle números a esta perspectiva a ver qué sacamos en claro. 1.660.000 ciudadanos que habitan en las dos islas que albergan las capitales de las provincias tienen derecho a elegir a 30 diputados para que los representen. Por otro lado, y atendiendo al criterio territorial del actual sistema electoral, los 335.000 habitantes del resto de las islas también han de elegir 30 diputados. Aquí ya se aprecian atisbos de una gran injusticia , pero ¿será esta la única?

¿Una vez introducidas las papeletas en las urnas valen todas igual? Vamos a ver, para que cualquier partido pueda aspirar al reparto de los escaños necesita conseguir, como mínimo, una cantidad de votos igual o superior al 30% de todos los votos válidos emitidos en una isla.

Como ese tope es casi imposible de alcanzar, las formaciones políticas cuentan también con la posibilidad de adjudicarse diputados si en el conjunto de toda Canarias (obviamente sumando los votos en todas las islas donde se presentan) se supera el 6% de los votos válidos emitidos.

¿Esto qué significa? Pues que muchos de los candidatos que no hubieran sido elegidos en función del número de votos conseguidos pueden acceder a ocupar un escaño mediante esta otra fórmula de inclusión del 6%. ¿Y esto a quién ha podido beneficiar tradicionalmente? Observando el todavía inmaduro periplo democrático de nuestro archipiélago y atendiendo a los gobiernos que, aun no ganando las elecciones han accedido a la responsabilidad de guiar nuestros designios ininterrumpidamente desde 1993, la respuesta a la anterior pregunta parece quedar plenamente respondida.

¿Qué hacer entonces para evitar que esto siga ocurriendo? Desde mi humilde punto de vista y, mientras no se cambie la Ley Electoral Canaria, votar con determinación a aquel partido que demuestre sobradamente y mediante hechos y no promesas, una mayor capacidad de gestionar el interés general . Al fin y al cabo, es nuestro futuro lo que está en juego.