Correa

Es por ello que la decisión del PSOE de presionar a sus afiliados del municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo para que un procesado por un delito continuado de prevaricación urbanística, Manuel Correa, no encabece la lista municipal, ha sido entendida por muchos de ellos como una escandalosa intromisión en los asuntos del pueblo. A fin de cuentas, Correa con seguridad habría obtenido un importante número de votos, probablemente más que los que vaya a lograr quien le sustituye.

Y es ahí donde radica el quid de la cuestión, en que la ciudadanía, no sólo de La Victoria de Acentejo, sino de Canarias en particular y España en general, aún se muestra excesivamente permisiva con lo que considera pecados colaterales del poder, como si no hubiese forma de gestionar una institución sin saltarse a la torera la ley. Y aunque en el caso de Correa su culpabilidad todavía esté por demostrar, el hecho de que se halle procesado le confiere un halo de sospecha que le inhabilita como representante público, máxime cuando el delito por el que debe dar cuenta ante la Justicia se sitúa en el ámbito de las responsabilidades que desempeñaría en el caso de que accediese al gobierno local.

Lo que ha hecho la dirección socialista, probablemente sin haberse percatado de ello, es instruir a la población acerca de la necesidad de que los políticos, como la mujer del César, además de ser honrados, lo parezcan, porque quien gestiona los asuntos, y los dineros, de todos, debe estar libre de cualquier sospecha acerca de sus maneras e intenciones.

La lástima es que tanto en este partido como en otros se emplee una vara de medir diferente según el afectado y la demarcación que se trate, creando con ello una sensación de confusión entre la ciudadanía que, en lugar de ayudar a mejorar la castigada imagen de la clase política, provoca el efecto contrario y acrecienta las dudas acerca de los verdaderos motivos que mueven a quienes dirigen las organizaciones partidistas.

Por ello, la decisión que se ha tomado con Correa, sea finalmente declarado culpable o inocente, resulta del todo pertinente en pos de la reconciliación entre los políticos y los ciudadanos, pero no deja der ser una excepción dentro de la hipócrita actitud de quien tan a menudo mira hacia otro lado según convenga.