El fallo del «céntimo sanitario» pone al AIEM en el punto de mira

«Es una falta de consideración por parte del Gobierno de Canarias seguir renovando el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancía en Canarias (AIEM) que antepone su ambición recaudatoria al bienestar de los canarios», expresó a este periódico el importador y ex presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña.

Por ello, explicó que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre el ' céntimo sanitario ' ha marcado un «antes y un después». Basándose en este fallo, que declara ilegal el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) aplicado por muchas comunidades autónomas, «probablemente alguien va a denunciar que el AIEM está exactamente en la misma línea. Es una sentencia muy importante para los canarios. A partir de ella, podremos tomar decisiones contra este impuesto», manifestó sin entrar en más detalles.

Para el veterano importador, estos más de diez años de vigencia del AIEM han demostrado que «no sirve para nada», dado que la industria isleña sigue representando un «3,3% de PIB canario, sin incluir a Endesa y Cepsa».

En su opinión, «no la está protegiendo, sino que responde a una ambición recaudatoria en un contexto complejo, de pobreza ciudadana, de paro y de exclusión social, y que ahora nos castiga mucho más con este AIEM».

A partir del día 1 de julio, fecha en que entra en vigor hasta 2020, la renovación de este tributo estatal de aplicación exclusiva en el territorio canario, los canarios van a pagar de su bolsillo, «sin saberlo, entre 350 y 400 euros», cifró Grisaleña, gran conocedor de este impuesto.

«Lo que es inadmisible es que en pleno siglo XXI el Gobierno de Canarias vaya a Bruselas a pedir un impuesto, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios canarios y del Gobierno de Madrid», recordó, pero que «castiga a todos los canarios. El Gobierno canario no puede ir a Bruselas a mendigar y a castigar», recalcó.

En este sentido, hizo hincapié en que si desde 2002, cuando se puso en funcionamiento, las arcas autonómicas han ingresado «caídos del cielo» 125 millones de euros de media anual, a partir del mes de julio, recaudará 160 millones de media anual con los 1.342 productos gravados.

El ex responsable de la patronal de los empresarios de Las Palmas quiso dejar claro que a los sectores importadores en general no les afecta «lo más mínimo», porque el AIEM se repercute en el precio final del producto, «lo acaba pagando el consumidor canario» y el «99,9% de la población lo desconoce», incidió.