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Los canarios piden a Paulino Rivero que responda a sus inquietudes, que se limiten los años de mandato y más referéndums

Los ciudadanos exigen que la Ley de Transparencia incluya que el jefe del Ejecutivo comparezca una vez a la semana y que su Gabinete active más consultas sobre asuntos de calado

Los canarios piden a Paulino Rivero que responda a sus inquietudes, que se limiten los años de mandato y más referéndums abc

mercedes ramos

Los ciudadanos que han participado en el proceso previo a la elaboración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias han plasmado por escrito su petición de que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero , comparezca ... para «responder a las preguntas e inquietudes» de los canarios.

A modo de «sugerencia», reclaman la «conveniencia» de que el jefe del Ejecutivo se someta a preguntas con una frecuencia semanal y así quedó reflejado en la «tendencia» ciudadana número 52 del documento definitivo aportado a la iniciativa legislativa.

Esta solicitud explícita, y de la que da cuenta la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que dirige Francisco Hernández (PSOE), en una respuesta parlamentaria de este 7 de marzo, evidencia que para los asistentes a los 13 foros presenciales , organizados en el marco de la futura Ley de Transparencia canaria, no ha pasado desapercibido que la agenda política de Paulino Rivero se caracteriza por la presencia en actos, jornadas y eventos en los que prácticamente se limita a responder al asunto que le ha traído hasta allí y a lanzar mensajes a iniciativa propia.

Tampoco han pasado por alto las escasas consultas que el Ejecutivo traslada a los ciudadanos sobre las cuestiones que más les preocupan. Por ello, en el documento requieren que se active con más frecuencia "la fórmula del referéndum para determinados casos que, por su repercusión e importancia lo requieran, en cualquier nivel", autonómico, cabildicio, municipal o que afecten a los barrios.

En esta línea, solicitan que se elaboren encuestas que permitan conocer "científicamente la evolución de la opinión pública sobre los temas de interés ciudadano, carencias públicas y demandas personales y familiares, por islas y segmentos poblacionales".

Dentro del capítulo político, echan en falta «proactividad», en general, y demandan lo que el departamento autonómico denomina, más «factor humano». Con respecto a la primera cuestión, requieren «la presencia directa, la proactividad, de políticos del máximo nivel en los encuentros y foros», y se cita a diputados, consejeros, concejales y altos funcionarios.

Más «humildad, claridad y educación»

Por lo que se refiere a la necesidad de desarrollar el llamado «factor humano», lo concretan en la importancia de que existan «más reuniones presenciales con los representantes políticos, en un ambiente fluido, lejos del modelo de mitin político ». En ese punto, piden «humildad, claridad y educación» a los políticos y denuncian que «sólo hacen acto de presencia en campaña electoral» .

De acuerdo a la respuesta parlamentaria, muchas de las tendencias anotadas ponen de manifiesto la falta de comunicación entre la población y la clase política en Canarias. Al extremo de que consideran que «se debiera ser más sensible desde la política a las demandas, quejas y protestas que ya circulan en las redes sociales».

Perciben un « trato desigual del político y del contribuyente , creándose una barrera que se considera antidemocrática y que habría que romper». Es en ese ámbito, según los ciudadanos representados en los participantes en el proceso previo a la elaboración de la mencionada Ley, donde habría que «reconocer la auténtica transparencia».

Sanciones al cargo que incumple y, si fuera necesario, el cese

En el catálogo de aportaciones facilitado a los responsables de redactar la primera Ley de Transparencia autonómica, exigen, igualmente, que se contemple "el capítulo de sanciones", incluyendo, en su caso, "el cese del cargo" político si incumple y la incorporación de todos los gastos que genera el Gobierno regional, desde el consumo telefónico hasta los vehículos oficiales y dietas , pasando por los gastos de manutención y de representación.

Asimismo, requieren que se establezca "el tiempo máximo que una persona pueda ocupar un cargo y estudiar la verdadera aptitud de una persona para determinado cargo".

En el amplio número de peticiones, solicitan la necesidad de que haya una "comunicación bidireccional" entre administraciones y ciudadanos, "alejada del minimalismo democrático del voto cada cuatro años y nula consulta en ese periodo a los ciudadanos implicados en decisiones que, incluso, no se incluían en las propuestas electorales de los partidos".

Dejan claro su apuesta por elevar el protagonismo de las Iniciativas Legislativas Populares. "Que las ILP sean tomadas en consideración y sean obligatoriamente debatidas " en la Cámara canaria. A su vez, señalan la pertinencia de reducir el número de ciudadanos exigible para la presentación de las ILP y de facilitar los procedimientos de recogida de firmas y su certificación.

Actividad «efectiva» en las redes sociales

Otro de los apartados que ocupa muchas de las 71 "tendencias" de opinión recabadas por la Consejería de Presidencia es la importancia de que la tecnología juegue un papel "determinante en la conversación con la ciudadanía", sin descuidar los espacios físicos tradicionales.

A pesar de que el año pasado el Ejecutivo promovió una nueva imagen y guía de estilo para promocionarse en las Redes Sociales , piden "mayor actividad efectiva" en los entornos digitales. En concreto, a través del correo-e, el Whatsapp, Facebook, Twitter y Change.org , así como la retransmisión en directo de plenos y reuniones y páginas web oficiales para reclamaciones "comprensibles" para los ciudadanos.

A grandes rasgos, demandan el sometimiento a la Ley de todas las administraciones públicas y sus empresas, las fundaciones, los organismos autónomos y cualquier entidad que reciba dinero público, "aunque sea minoritaria", incluidas las empresas privadas que ganen concursos públicos.

Además, exigen el detalle de todos los gastos posibles aparejados al cargo público, el impacto real de la inversión pública y el coste para la administración y el ciudadano de los servicios que ofrece. Por ejemplo, que la Ley obligue a plasmar "lo que cuesta una plaza en la universidad o una radiografía" , apuntan.

A las radios y televisiones públicas del Archipiélago se les pide transparencia y que "siempre se muevan en un ámbito de neutralidad" .

Sobre la Ley propiamente dicha, fijan que sea evaluada cada año , que se cree un "órgano ciudadano imparcial" que participe en dicha revisión y un "órgano de resolución de conflictos" con las administraciones que evite acudir a los tribunales. También la puesta en funcionamiento de una oficina en cada isla para hacer llegar propuestas, ideas y proyectos ciudadanos y la creación del "Día T" , que anime a la ciudadanía a presentar quejas, propuestas y observaciones.

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