Un referéndum para la madrastra de Blancanieves

De lo contrario, sus consecuencias pueden ser devastadoras y devenir en una situación de desgobierno. No olvidemos que el nivel de desarrollo, y por ello de eficiencia, de una estructura democrática es directamente proporcional al nivel cultural y la implicación de los ciudadanos, y Canarias, desafortunadamente en este caso, no es Suiza.

Atendiendo a tales criterios, la idea del Gobierno canario de llamar a la población a las urnas para que exprese su opinión acerca de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago es, sobre el papel, loable y recomendable. Lástima que baste con indagar un poco, con sumirnos en el noble arte de la dialéctica, para llegar a la conclusión de que, en lugar de ante una idea, nos hallamos ante una ocurrencia interesada y con pocos visos de hallar su origen en un sincero espíritu democrático.

La primera inquietud que nos asalta es la siguiente: ¿existe una preocupación ciudadana tal que haga recomendable la convocatoria de una consulta popular? El desempleo y la corrupción política son las verdaderas preocupaciones de los canarios. Lo reflejan los estudios de opinión, donde las prospecciones ni siquiera logran el triste papel de segundonas.

Prosigamos: ¿se halla la ciudadanía suficientemente informada de la cuestión que se dirime y, sobre todo, de los pros y contras del proyecto? Desafortunadamente, en el universo político los argumentos han dejado paso a lemas y lugares comunes, y los medios de comunicación se limitan a actuar a modo de voceros de unos y otros. Hacerse una idea de la situación y formarse una opinión es poco menos que imposible, a menos que tenga uno la suerte de contar con un familiar avezado en conocimientos de ingeniería.

Y demos un paso más: ¿tenemos los canarios el derecho a expresar nuestra opinión acerca de un asunto que, si nos atenemos a la legislación vigente, se enmarca dentro del interés nacional? Por supuesto que lo tenemos, sólo faltaba, pero que disfrutemos de él en exclusiva no sólo es harto dudoso, sino incluso arriesgado.

Siguiendo el criterio del Gobierno canario, ¿qué impediría al Gobierno de, por ejemplo, Asturias, convocar un referéndum en el que se preguntase a los asturianos si quieren seguir destinando parte de sus impuestos a subvencionar al transporte de los residentes en las islas? El reparto competencial cuenta con una contundente razón de ser y posibilita la gestión de los asuntos públicos.

Así las cosas: ¿qué gana el Gobierno canario promoviendo el referéndum? A modo de imitador de sus hermanos mayores catalanes, de sobra sabe que el Ejecutivo Estatal no va a autorizar su celebración, así que nada mejor que asumir, una vez más, el papel de víctima, desviar la atención sobre el caos que sufre el archipiélago y blandir una enseña electoral populista.

Propio de irresponsables, pero, al fin y al cabo, una jugada maestra para quien, como la madrastra de Blancanieves, sólo tiene ojos para sí mismo.