Petróleo, impacto positivo

Hoy en día, la evaluación de impacto es un trámite administrativo más al que la legislación canaria otorga una desproporcionada importancia; un ejercicio retórico, ya que las consideraciones ambientales y su legislación son condicionantes de los propios proyectos.

El estudio debe incluir la repercusión socio-económica de la actuación prevista que equilibre sus afecciones. Aun no ha trascendido qué tendría de bueno el éxito de las prospecciones en Canarias, aunque estoy seguro de que los redactores de la evaluación han considerado la presumible generación de riqueza y de puestos de trabajo.

En una reunión con empresarios, Paulino Rivero confesó que «el problema» del petróleo —su posición contraria al Ministerio— era la propia concesión, que adjudica los derechos sobre lo encontrado al que sufraga la exploración y sin impuestos no hay ingresos para el gobierno autónomo... esto va de dinero.

El presidente modula su discurso según el auditorio: no se atreve en las islas orientales cuyos partidos nacionalistas lo sostienen en el poder. Allí, han montado un pollo monumental con los mismos argumentos que empleaban contra los campos de golf que ahora defienden.

El presidente del cabildo de Fuerteventura afirma que «Canarias dice no al petróleo»; un tanto pretencioso, creo, hablar en nombre de dos millones de canarios. Además, muchos decimos sí al petróleo, aunque estoy con Rivero en que hay que dejar atado y bien atado que el crudo hallado, si aparece, deje premio en las Islas.

Una encrucijada apasionante. Toca revisar el REF y está en nuestra mano diseñar una nueva relación de Canarias con España y con Europa en la que dar encaje a cómo gestionar el petróleo, por ejemplo.

Me puedo imaginar el preámbulo de la nueva ley: «El descubrimiento de una importante bolsa de gas y petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura marca un hito sin precedentes en la historia de Canarias. La aplicación del canon de extracción que incluye el siguiente articulado permitirá financiar los servicios públicos básicos —pensiones, educación y sanidad— y reducir la presión impositiva sobre las empresas y los particulares».