La Agencia Tributaria Canaria empezará a funcionar en enero del próximo año

La Ley, en fase de Anteproyecto, se estructura en siete capítulos, 37 artículos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, y cuatro disposiciones finales. En el apartado de los recursos humanos, fija un sistema retributivo vinculado al cumplimiento de los objetivos. La Administración Tributaria autonómica deja claro que dispondrá de un «personal propio y especializado», que se encargará de elaborar la relación de puestos de trabajo, de aprobar la oferta pública de empleo y de llevar a cabo los procesos de selección y provisión de puestos laborales.

Para su definitiva constitución, la Ley elaborada por la Consejería que encabeza Javier González, argumenta que la gestión tributaria requiere de «un nuevo enfoque organizativo y funcional del organismo público».

Entiende que la gestión de los tributos en la Comunidad Autónoma presenta «unas peculiaridades» que hacen necesario atribuirla a «un ente dotado de un nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión mayor, incluso, al que aportan los organismos autónomos». La Agencia nace también con la idea de reforzar «los mecanismos de control de eficacia» y promover «una cultura de responsabilidad por los resultados y lograr así solventar los problemas de gestión, fundamentalmente de naturaleza presupuestaria, económico-financiera y de gestión de personal», reconoce el Gobierno.

Otro de los principales argumentos aducidos para poner en funcionamiento la Agencia Tributaria Canaria es que, en el actual escenario de la financiación del sector público, existe «una mayor incidencia de los recursos tributarios», por lo que resulta «necesario» disponer de una organización a la que se le asignen «mayores capacidades de decisión sobre los recursos y niveles de autonomía en su funcionamiento para que así se le puedan exigir responsabilidades efectivas sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados».

Estos objetivos consistirán, esencialmente, en «procurar los recursos financieros precisos para la prestación de los servicios públicos haciendo efectivo el principio establecido en el artículo 31.1 de la Constitución de que todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo».

Siguiendo el principio contributivo de «efectividad», el Ejecutivo considera que, con el nuevo ente, «los ciudadanos» podrán «visualizar claramente cuáles son los resultados de la gestión» encargados al ente y podrán «responsabilizar a sus gestores por el cumplimiento de los objetivos que previamente han sido fijados de forma concreta y evaluable». En esta línea, incorpora un modelo de gestión pública basado en la «planificación, evaluación y control instrumentado a través del Contrato de Gestión».

El Gobierno canario confía en sacar la Ley adelante este año. El Anteproyecto excluye taxativamente la posibilidad de que el proceso de aprobación se dilate más allá de este año.

Su creación está regulada en la Disposición final cuarta de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, donde se establece que «en los términos previstos en el artículo 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de tres meses, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de creación de la Agencia Tributaria Canaria, como entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión para la aplicación de los tributos propios», de los derivados del REF y de los estatales cedidos, así como de la potestad sancionadora y de la revisión administrativa correspondiente.