El Supremo entierra un recurso de la Fundación César Manrique en su «batalla» contra las prospecciones petrolíferas

«En su escrito, invoca el derecho constitucional a la prueba, pero sigue sin indicar por segunda vez, en un momento procesal idóneo para ello, los medios de prueba que pretende emplear, esto es, qué concretos documentos públicos y privados pretende aportar como prueba», reprueba el alto tribunal a la representación procesal de la Fundación lanzaroteña, en una resolución dictaminada el 18 de enero.

Como resultado de la reiterada ausencia de precisión, desestima el recurso no sin prevenir a la recurrente de que los documentos del expediente y los aportados con el recurso o con la demanda, tanto por la Fundación como por las partes demandadas, Administración y Repsol, ya obran en el procedimiento a todos los efectos.

La sala, que no entra en demasiados detalles sobre el procedimiento en cuestión, impone a la entidad las costas del recurso de reposición, hasta un máximo de 500 euros, por todos los conceptos legales por cada parte codemandada.

Según recoge el auto, en la resolución del 5 de diciembre, los codemandados (Administración y Repsol Investigaciones Petrolíferas SA) se opusieron a la solicitud de recibimiento a prueba. Notificado a las partes, la Fundación que dirigen José Juan Ramírez y Fernando Gómez Aguilera, su presidente y director, respectivamente, presenta un recurso de reposición que «suplica» su estimación y considera «subsanado el defecto procesal de la demanda, de no haber señalado los medios de prueba, y que se acuerde el recibimiento a prueba».

Admitido a trámite, el 19 de diciembre se concedió un plazo a las demás partes para formular alegaciones. El abogado del Estado pidió la desestimación del recurso y la imposición de costas a la Fundación. Repsol, por su parte, también requirió su desestimación y la confirmación íntegra de la resolución recurrida, con imposición de las costas a la recurrente. El fallo del Supremo deniega, finalmente, las pretensiones de la institución de Lanzarote.

Esta misma sala ha admitido a trámite la semana pasada cinco recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Izquierda Unida y la organización ecologista WWF-Adena. Los tres primeros fueron admitidos este sábado; el de WWF- Adena, el día 7, y el interpuesto por la letrada, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, el 4 de febrero.