Briganty afirma tener «pruebas irrefutables» que llevar al Parlamento

«La trama Eólica» es precisamente el encabezamiento del escrito en el que Briganty pide la oportunidad de hablar en el Parlamento, petición que después le haría solicitar la intervención del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, tal como avanzó este miércoles este diario. En la misiva, el letrado explica al presidente de la primera institución de las Islas (que en su día, allá en 2006, puso en práctica una comisión de investigación ) que dispone de «pruebas irrefutables» para presentar ante la Cámara. Cabe recordar que el imputado, convocado aquel año en la sede de Teobaldo Power, no se manifestó entonces so pretexto de estar «condicionado» por la instrucción del caso. Ahora, «culminada la instrucción y en cumplimiento de mi promesa», consta en la carta, Briganty considera que ha llegado el momento de destapar «el alcance del contubernio urdido».

Un «contubernio», agrega, que tuvo como objetivo, siempre con arreglo a su exposición, «ocultar» los ilícitos de una serie de personas de «reconocido arraigo en el Archipiélago». El escrito reza: «[...] Para que el pueblo canario, con pruebas irrefutables, pueda conocer a través de sus representantes el alcance del contubernio urdido para ocultar los desmanes de personas de reconocido arraigo en el Archipiélago por su actividad política y empresarial». El abogado, que insiste sobre su «absoluta inocencia», en ningún momento cita nombres propios.

Briganty remitió la misiva el 12 de julio; meses después enviaría una segunda al Diputado del Común, como ya adelantó este diario, en la que le solicita su mediación ante la Mesa del Parlamento para que esta tramite su petición. El propio Saavedra ha escrito a su vez al susodicho Antonio Castro para informarle al respecto.

El «caso Eólico» comenzó cuando la Justicia anuló el concurso para la adjudicación de parques eólicos, lo que tuvo lugar en 2005 e implicó a varios ex altos cargos de la Consejería de Industria. La Cámara instituyó la comisión de investigación al año siguiente, una comisión que se cerró entre polémica y críticas del PSOE, entonces en la oposición, al Ejecutivo canario.