JUDICIAL
Briganty, imputado en el «caso Eólico», pide hablar en la Cámara
El abogado solicitó la mediación del Diputado del Común, que ha escrito a Antonio Castro
Briganty, imputado en el «caso Eólico», pide hablar en la Cámara
El abogado Alfredo Briganty , uno de los imputados en el «caso Eólico» , quiere hablar en la Cámara del Archipiélago. De hecho ha solicitado la mediación del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra , ante la Mesa del Parlamento, para que esta tramite ... la petición que, por escrito, envió al presidente de la primera institución de las Islas, Antonio Castro , el pasado julio.
En 2006, Briganty fue convocado en la Cámara para que declarase en el marco de la comisión de investigación que se puso en práctica después de que la Justicia anulase el concurso eólico. El letrado, como él mismo recuerda en la misiva dirigida a Castro, a la que ha tenido acceso ABC, no habló entonces so pretexto de estar «condicionado» por la instrucción, si bien dijo que lo haría t an pronto como pudiera . «Lamentablemente ha pasado más de un lustro y sigo a la espera del juicio pertinente, y me temo incluso que se está evitando por todos los medios su celebración , por lo que encarecidamente solicito que adopte las medidas oportunas para que [...] se me oiga en sede parlamentaria», expone el imputado en la carta, fechada el 12 de julio de 2012.
Meses después, Briganty haría llegar un segundo escrito al Diputado del Común, con el objetivo de que el organismo público que ahora dirige Saavedra mediase ante la Mesa de la Cámara. Tan es así, que el «defensor del pueblo» canario ya ha remitido a su vez una carta al susodicho Antonio Castro, carta a la que también ha accedido este diario. En ella, el Diputado del Común explica que ha recibido el escrito del abogado, «en el que solicita la intervención de esta institución ante la Mesa del Parlamento de Canarias, a fin de que se le dé trámite a su solicitud de comparecencia voluntaria , presentada ante esa Cámara el pasado día 12 de julio». Cabe recordar que el «caso Eólico» (que implica a ex altos cargos de la Consejería de Industria y salpica al Partido Popular) tuvo su origen, allá en 2005, en la anulación del concurso en cuestión. El supuesto ilícito es el cobro de comisiones en el proceso de concesión de los parques eólicos, previo suministro de información privilegiada a determinados empresarios.
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