Un informe policial objeta la actuación de dos jueces en la no repatriación de dos marroquíes

El escrito hace referencia a un informe policial de Extranjería donde se detalla la recepción —vía fax y a las 0.24 de ayer— de un auto del Juzgado de guardia, el nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se acuerda la suspensión cautelar de la devolución de dos de los inmigrantes, de un total de catorce, que se encuentran en el CIE y que había sido ordenada el mismo 13 de diciembre por la Dirección Insular de Arrecife y autorizada por la juez de instrucción nº3 de esta ciudad el pasado miércoles.

Lo que llama la atención de la Delegación del Gobierno para informar al TSJC es que quien firma esta medida cautelar no es el titular del juzgado de guardia de Las Palmas, sino la juez Victoria Rosell, del Juzgado 8 de esta jurisdicción. Además, pocos minutos después, la misma Brigada de Extranjería recibe otro auto solicitando la misma medida cautelar, con la particularidad de que pese a tener idéntica redacción esta vez aparece firmado por quien sí es el titular del Juzgado nº3, Tomás Martín.

En su denuncia al TSJC, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, muestra su preocupación ante estos hechos y considera no justificada la intervención de Rosell, porque, además de no encontrarse de guardia, se atribuye unas competencias que deberían corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Rosell ha actuado en este caso también con anterioridad, en su carácter de juez de garantías de los internos del CIE de Gran Canaria, autorizando la entrada de un letrado para prestar asistencia a los allí retenidos, solicitando la identidad de estas catorce personas y pidiendo copia de los autos de internamiento así como de las órdenes de devolución y de la fecha prevista de su expulsión.

En la justificación de su auto, la juez —o el magistrado Tomás Martín, dado que los textos son iguales— da carácter de «urgente e inaplazable» a su actuación, puesto que entiende se encuadra en el tercer supuesto contemplado por un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial para asumir en horas y días inhábiles lo que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero exijan acción judicial inmediata. En este caso, por tratarse de materia de extranjería y por haber de por medio una orden de expulsión, devolución o retorno.

En su exposición de hechos, además, señala que el letrado que representa a los dos retenidos, un abogado de oficio aportado por el colegio profesional de Las Palmas, fue el que dio origen al auto, cuando presentó el recurso contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno que acordaba la devolución a Marruecos de estas dos personas. En principio, se estimaba trasladarlos a Madrid el día de ayer para que esperasen en el CIE de la capital hasta el martes 15, en que saldría el primer vuelo fletado a Marruecos.

En el hecho del 13 de diciembre murió uno de los ocupantes de la patera, mientras que otro resultó hospitalizado. Dos de ellos eran menores y la investigación trata de determinar todavía el número exacto de los que viajaban en la embarcación.