Un problema de financiación

DESAHOGADAS las pasiones patrióticas con la selección española de fútbol y superada la crisis del Partido Popular, el análisis económico ha recobrado cierta racionalidad después de que el presidente del Gobierno reconociera la realidad de la crisis, más allá del empecinamiento en las palabras. Pero conviene ser precisos, la crisis es a la vez financiera e inmobiliaria y ninguna de la dos es ajena a decisiones políticas españolas, ni está próxima a terminar.

La crisis financiera tiene que ver con la orgía de crédito en la que hemos vivido demasiados años. Una orgía explicable con tipos de interés reales negativos, pero alimentada por la complacencia de las autoridades ante fenómenos como el déficit exterior y el endeudamiento de las familias. Una crisis financiera que no ha llegado todavía a nuestro país, pero que está lejos de verse resuelta internacionalmente. Las Bolsas están descontando nuevos problemas en el sector financiero, pérdidas y provisiones adicionales en entidades emblemáticas como Citi o Goldman Sachs. Problemas que afectan también al sector tecnológico cuyas ventas se resienten de la falta de perspectiva y de financiación. La época de dinero barato se ha acabado y se imponen tiempos de escasez. Más aún con un repunte generalizado de los precios al consumo en todo el mundo, que no otra cosa es la inflación por mucho que nos empeñemos en mirar a la subyacente para minimizar el cambio en las condiciones internacionales. Tiempos nuevos que han certificado los anuncios de la Reserva Federal americana y del Banco Central Europeo. Tipos más altos, hipotecas más caras y menos dinero para inversión. Si además España necesita financiación internacional en cantidades industriales, Houston tenemos un problema.

La crisis inmobiliaria es un ejemplo de la irracionalidad que se instala en los agentes económicos cuando el que avisa de que los precios de los pisos pueden bajar y que no es normal vender 800.000 viviendas indefinidamente, es calificado de agorero, derrotista o directamente de enemigo de los socialistas. Cuando la economía se pone al servicio de un Gobierno suelen pasar estas cosas, que se cometen locuras que salen después muy caras. Los grandes promotores inmobiliarios lanzaban ayer desde las páginas de este periódico un SOS al Gobierno, necesitamos financiación o esto se va a poner muy feo. Los bancos no pueden darla porque bastante tienen con asegurarse sus propias necesidades, atender a sus propios problemas. Los promotores se vuelven contra el Gobierno y demandan que inyecte la liquidez necesaria recuperando antiguos esquemas de financiación privilegiada, que utilice al ICO como banco de desarrollo. Solo falta que pidan la vuelta de las antiguas cédulas de inversión hipotecaria que las Cajas tenían que suscribir obligatoriamente.

Es cierto que hay margen de endeudamiento del sector público, pero no es evidente que acudir al rescate de los promotores sea la mejor alternativa disponible. Como no eran los cuatrocientos euros lo mejor que se podía hacer con el superávit. Ni que la intervención pública en el mercado de financiación de la vivienda sea positiva, ni siquiera neutral. Quizás lo fuera en un escenario de crisis corta y acotada en el tiempo y en el espacio, lo que evidentemente no es el caso después de un año revisando al alza las pérdidas y a la baja las previsiones de crecimiento. Si el Gobierno todavía cree en un escenario así, que lo lleve al Parlamento, se discuta públicamente e incluya la financiación extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado. Pero que haga números y que calcule cuanto van a costar esas operaciones cuando suban los tipos de interés y la morosidad. Parece que la Unión Europea ya los ha hecho y ayer advirtió al Gobierno que su objetivo presupuestaria no es realista, antes incluso de considerar gastos nuevos ni tener constancia del desplome de la recaudación. Ya que vamos de europeos y el presidente saca pecho con el referéndum sobre la Constitución para negar la evidencia de la otra crisis que supone el no irlandés, quizás podríamos empezar por hacerle caso a la Comisión cuando nos propone que bajemos los impuestos al trabajo y los subamos al consumo, o sea cambiar cotizaciones sociales por IVA como piden también la CEOE y las Cámaras de Comercio. Eso sí es un programa frente a una crisis de financiación que afectará también al sector público.