El algodón de la UE compite en desigualdad con el transgénico
Las últimas protestas vividas en el sector algodonero han puesto de manifiesto un problema de exceso de producción y distorsión del mercado. Por el contrario, variedades transgénicas, no permitidas en la UE, están teniendo gran auge en otros países, debido a su alta resistencia, ahorro de costes y mayor rentabilidad.
MADRID. La Comisión Europea mantiene una moratoria desde 1998 para la adopción de nuevos productos transgénicos. Esta cautela abarca a todo tipo de cultivo modificado genéticamente, incluido el algodón, independientemente de si va destinado a producir alimentos, o fibra vegetal, como ocurre con este producto.
El algodón, tanto la planta como la fibra, es deficitario en la UE (España y Grecia son básicamente los únicos países donde se cultiva). La Comisión no es partidaria de aumentar el número de plantaciones, ya que se trata de un cultivo poco ecológico por su alto consumo de agua y a los continuos y agresivos tratamientos fitosanitarios que requiere. Conlleva además un alto coste de subvenciones. En nuestro país el algodón tiene una Superficie Máxima Garantizada de 249.000 toneladas anuales.
Debido a esta circunstancia, el sector está obligado a una autorregulación (rotación del cultivo cada tres años) y a no poder aumentar su producción, lo que está creando una clara distorsión en el mercado como consecuencia de la PAC, y que ha alcanzado su máximo exponente en las recientes protestas de los algodoneros en Sevilla. Dada la poca capacidad de maniobra para aumentar la superficie cultivable, y al cada vez mayor desarrollo que el algodón está teniendo en todo el mundo, se abre el debate de aumentar el rendimiento de las explotaciones existentes ante la imposibilidad de acometer nuevas plantaciones. Muchos agricultores se quejan de que no puden usar este algodón por la moratoria en vigor, lo que les perjudica al no poder competir en igualdad de condiciones.
Este cultivo ha experimentado en los últimos años un aumento espectacular en todo el mundo. Se calcula, que actualmente existen en todo el planeta en torno a los 45 millones de hectáreas, debido al auge que está teniendo en Suráfrica, China, Australia, México y Argentina.
Existen dos variedades de algodón genéticamente modificado, el resistente a las plagas, y a los herbicidas. La más común, la denominada Bt (Bacillus thuringiensis), desarrolla, mediante un gen modificado. una proteína (Cry1Ac) que es letal únicamente para unos determinados insectos lepidópteros que atacan a la planta, especialmente durante el periodo en que son orugas, ya que éstas anidan dentro de las cápsulas del algodón (el brote), por lo que es necesario proceder a repetidas fumigaciones para poder ser efectiva.
Gran ahorro en fitosanitarios
La empresa Monsanto, descubridora y comercializadora del Bollgard, afirma que el ahorro de fitosanitarios en estudios realizados en Estados Unidos es de entre 12 y 15,8 litros por hectárea y año. El consumo de agua se reduce en un 10% y el rendimiento puede aumentar de media entre un 9 y un 12%.
Respecto al impacto medioambiental o su posible efecto en la biodiversidad, el director técnico de Monsanto en España, Jaime Costa, asegura que la proteína Cry1Ac no se acumula en el suelo y no alcanza las aguas subterráneas. No presenta toxicidad en otros insectos y especies, ni contaminación por cruces de polen. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. ha autorizado el uso del Bt durante otros cinco años.
Algodón azul
En muchos casos, la investigación de este tipo de cultivos se está haciendo a la carta. Así, en EE.UU. se ha desarrollado una variedad de algodón en la que el fruto de la planta es de color azul para su uso en la fabricación de pantalones vaqueros. De este modo, se evita teñir la fibra, un proceso químico muy contaminante.
Dentro de la Unión Europea se quiere terminar con el compás de espera que se vive desde 1998. El comisario de Agricultura, Franz Fischler, es partidario de acabar con la moratoria; la CE es consciente de que «se está perdiendo el tren» de la biotecnología. La investigación debe hacerse, eso sí, bajo el principio de precaución, el denominado «paso a paso y caso por caso».
La UE, dividida
Entre los Quince las posturas no acaban de estar definidas. Varios países cuentan con ministros «verdes» contrarios a cualquier avance o estudio. Los últimos escándalos alimentarios como la EBB y las dioxinas no ayudan a nuevas experiencias.
El Gobierno español comparte los criterios de la Comisión, en especial con la derogación de la moratoria. El Ministerio de Agricultura considera que desde el punto de vista agronómico interesa avanzar en este campo, siempre que la investigación sea pública y cumpla con todas las garantías sanitarias. Para la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, «la última palabra la debe tener el consumidor a la hora de elegir un producto determinado».
Entre las organizaciones agrarias tampoco hay una opinión común. Mientras algunas distinguen entre cultivos meramente productivos y aquellos que van a la cadena alimentaria, otros no hacen excepciones. En lo que sí coinciden todas es en el principio de precaución, por el cual exigen la mayor información. Asaja es partidaria de su uso, siempre que se demuestre que no existe peligro alguno, y bajo control de la administración pública, por lo que es favorable a derogar la actual moratoria.
Para el director general de las Cooperativas Agrarias, Eduardo Bahamonde, son los científicos quienes deben pronunciarse y los políticos debe hacer unas normas «eficientes, controlables, aplicables y homogéneas». Añade que todo lo que se exige dentro de la UE debe hacerse extensible fuera de ella, porque si no se distorsiona el mercado.
COAG mantiene la postura de estar a la espera de informes fehacientes, y de que estos productos tengan todas las garantías. Defiende la prórroga de la moratoria, al igual que UPA. Esta organización asegura que no está en contra de los transgénicos, sino del procedimiento que se hace de ellos. Añade que estos OGM están en manos de unas pocas multinacionales: entre las cuatro grandes comercializan el 100% de las semillas y el 60% de los plaguicidas.
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