Bruselas lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no transponer una directiva

La normativa que España debe transponer exige entre otras cosas que los trabajadores reciban información completa y oportuna sobre los aspectos esenciales de su trabajo, como el horario de trabajo y la remuneración, lo que no se recoge todavía en la legislación laboral española.

Sin embargo, esta no es la única directiva que España ha incumplido y por la cual la Unión Europea amenaza con imponer sanciones.

En un comunicado de la Comisión Europea, la máxima autoridad comunitaria detalla haber instado a Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal, además de España, a que traspongan correctamente la Directiva sobre agua potable. Las directivas son medidas que la Unión Europea requiere a los estados miembros, pero en virtud del principio de autoorganización del Estado, son los propios países los que tienen que poner en práctica medidas internas para la realización de dichas directrices.

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En caso de no aplicar las medidas de trasposición, o aplicar la Directiva de forma incompleta o incorrecta, la Unión Europea posee competencias para imponer sanciones a los estados miembros que incurran en dichas violaciones del ordenamiento comunitario.

En este caso, la Directiva versa acerca de la mejora del agua potable refundida, con el fin de aumentar la protección sobre la salud humana. Asimismo, aborda la cuestión de las fugas de agua, pues la Comisión estima que se pierde, de media, el 30% del agua potable durante su distribución en la UE.

En cuanto a España, las deficiencias en aplicación de la directiva incluyen la reducción del ámbito de aplicación de la Directiva, la falta de disposiciones específicas en materia de evaluaciones de riesgos para el sistema de suministro de agua potable y la inexistencia de disposiciones sobre una revisión periódica.

Del mismo modo, Bruselas expedienta a España por la no transposición completa de la directiva Seveso III sobre el control de los riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, una norma que se aplica a más de 12.000 instalaciones industriales en el conjunto de la Unión.