El Gobierno quiere aprobar el Plan de Familia este año

Por ahora, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales ha trasladado un borrador de este documento a las organizaciones de familia e infancia más representativas, donde hace constar los objetivos y estrategias que guiarán la política de familia en años venideros. Entre ellos: apoyar económicamente a las familias más pobres y a aquellas con necesidades especiales (numerosas, monoparentales...), facilitar la conciliación y favorecer la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, potenciar políticas para construir un entorno positivo hacia la familia, proteger la maternidad, favorecer la natalidad, sensibilizar sobre la importancia de la educación, incluir la perspectiva de familia en todas las políticas públicas... «Estos son los objetivos —afirmó Camarero—. Hemos pedido a las asociaciones que nos digan cuáles serían las medidas ideales para llegar a ellos».

Aunque algunas entidades de familia echan en falta medidas de acción concreta en este documento, la secretaria de Estado de Servicios Sociales ha asegurado a ABC que sí existen y algunas serán «novedosas». Y todas contarán con «una memoria económica». «Tenemos unas medidas pensadas —anunció— para favorecer a las familias que se van a ver reflejadas en las próximas semanas. La reforma fiscal va a atender especialmente a las familias».

Sin embargo, no parece que se vaya a lograr una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones. Por ejemplo, Camarero reconoció que establecer «la prestación por hijo a cargo de forma universal es muy complicado».

Poco más se conoce de los planes del Gobierno para ayudar a las familias. Camarero insistió en que se está trabajando en el empleo «para que las madres que hayan dejado el mercado laboral para cuidar de sus hijos tengan facilidades a la hora de regresar al trabajo. Y también se favorecerá a las empresas la contratación de estas mujeres».

La conciliación es un ámbito que preocupa al Gobierno. Racionalizar y flexibilizar los horarios laborales y en otros ámbitos, crear bolsas de horas para atender asuntos familiares (como los funcionarios)... son algunas de las medidas que mencionó la Secretaria de Estado durante la entrevista. «Las empresas deben interiorizar determinadas medidas de conciliación porque mejoran el rendimiento de hombres y mujeres. Se trata de ser productivos. España es el país de la UE donde más tiempo estamos en la empresa pero donde menos productivos somos». No obstante, no serán «imposiciones», sino que todo tendrá caracter voluntario en el sector privado.

La lectura positiva que hacen muchas organizaciones es que por fin la familia comienza a ocupar un lugar en la agenda política. Y además se alegran de que hayan sido consultadas. Si bien acogen de buen grado este trabajo como un paso más para implementar una verdadera política de familia, no dejan de recordar a los poderes públicos en esta semana sus reivindicaciones históricas, que son muchas.

Reivindicaciones

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha sido la primera en presentar a la prensa y enviar al Ministerio cien medidas concretas para que se incorporen al Plan Integral de Apoyo a la Familia. Aunque recientemente el Gobierno ha aprobado que se ampliará la condición de familia numerosa hasta que el menor de los hijos cumpla 21 años, o 26 si está estudiando, algo que agradecen, este colectivo no olvida otras reclamaciones. Desde establecer una prestación universal por hijo a cargo, ampliar la baja de maternidad a 18 semanas, reducir el IVA de los pañales (del 21% actual al 4%), hasta establecer el concepto de renta per cápita en todas las prestaciones y ayudas públicas.

Un informe que hoy presentará el Instituto de Política Familia (IPF) no deja bien paradas las políticas de familia desarrolladas en España. «La familia cuenta con unas muy reducidas e insuficientes ayudas. Y discriminatorias», concluye. El resultado es que España es el país de la UE donde las ayudas llegan a menos familias. Sus datos demuestran, por ejemplo, cómo la prestación por hijo a cargo (24,25 euros al mes) está congelada desde hace catorce años. Y sometida a unos límites de renta bajísimos (hasta 11.519 euros) por lo que sólo una de cada diez familias la reciben.