Otros líderes de Junts, pendientes de la Justicia por delitos de corrupción y el 'procés'

Desde el pasado 9 de junio, le sustituye la también diputada de Junts, Anna Erra. Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión, 13 de inhabilitación y a pagar 36.000 euros de multa por trocear contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), cuando era presidenta del organismo público, para asignárselos al informático Isaías Herrero, con quien tenía una relación de amistad.

El Tribunal Superior catalán vio pruebas de los delitos de prevaricación y falsedad, aunque dejó abierta la opción a que el Gobierno indulte la pena de prisión unida al delito de falsedad para que no tuviera que entrar en la cárcel, una medida de gracia que la política independentista afirmó que rechazará.Borràs recurrió su condena ante el Tribunal Supremo, por lo que se encuentra a la espera de la resolución del alto tribunal para ver si confirma o descarta la elevada pena de inhabilitación.

En 2017, cuando la Fiscalía anunció que se querellaría contra el presidente Puigdemont y todos los miembros de su Gobierno, los consejeros de Educación, Clara Ponsatí; de Salud, Toni Comín y de Cultura,Lluis Puig, acompañaron a Puigdemont en su huida a Bélgica.

Ponsatí y Puig formaban parte del grupo politico de Puigdemont en Cataluña, pero Comín pasó de estar en el bloque de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a pasar a las listas de Junts. La obtención de la inmunidad como parlamentarios europeos de Puigdemont, Comín y Ponsatí una vez fuera de España -Junts denomina a Puigdemont 'president en el exilio'- ha prolongado la batalla entre los independentistas y el Tribunal Supremo.

Los tres políticos, representantes de Junts en la Eurocámara, todavía no han saldado sus cuentas por el 'procés'. Puig no es europarlamentario y, por lo tanto, su situación estaba al margen de la reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de retirar la inmunidad a los diputados del Parlamento Europeo, lo que abrió de nuevo la puerta del instructor del 'procés' para reclamarles.

En las euroórdenes cursadas contra Comín, Puig y Ponsatí en noviembre de 2019 a Bélgica y Escocia, Llarena atribuyó a los exconsejeros haber destinado más de 200.000 euros en cada uno de sus departamentos a la organización de referéndum, de ahí que les procesara por malversación, un delito que, tras la sentencia del 'procés', sólo afecta ya a los dos primeros.