La Fiscalía pide a Llarena el arresto y entrega de Puigdemont, figura clave en la investidura

Este movimiento se podía haber hecho perfectamente a finales de la semana pasada, pues los fiscales del 'procés' llevaban días estudiando jurídicamente el asunto y lo tenían ultimado el viernes, según pudo saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, pero precisamente se decidió esperar a después de la cita electoral para no interferir en los comicios y cumplir a la vez un trámite que el instructor llevaba dos semanas esperando. Nadie había contado con que el sorpresivo recuento de escaños y el descalabro en los pronósticos sobre el PP iban a hacer de Junts un partido clave para la gobernabilidad del bloque de izquierdas, algo a lo que el propio prófugo quiso sacar partido ayer con un tuit en el que vuelve a mezclar intereses políticos con responsabilidades penales. «Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto».

El escrito presentado ante el magistrado del Supremo responde al posicionamiento de la Fiscalía respecto a la posibilidad de activar nuevas órdenes de detención después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avalara el pasado 5 de julio la retirada de la inmunidad –acordada por el Parlamento Europeo– de Puigdemont y de los también parlamentarios Toni Comin y Clara Ponsati.

Tras esa sentencia el juez tenía que decidir si activaba nuevas euroórdenes, pues las cursadas en su momento lo eran por delitos distintos a los que contiene ahora su procesamiento: en un primer momento los huidos estaban reclamados por sedición y malversación, pero tras la reforma del Código Penal con la que el Gobierno quiso contentar el pasado diciembre a sus socios independentistas –suprimiendo el delito de sedición y reformando el de malversación–, los prófugos están reclamados sólo por malversación y desobediencia. La Fiscalía recuerda en su escrito que la malversación por la que están reclamados los huidos (tanto los fiscales como el juez rechazan aplicarle el tipo atenuado de aquella reforma 'ad hoc') llevan aparejadas penas de 6 a 12 años de cárcel, dada la «elevada cuantía de los fondos malversados».

Reconocen los cuatro fiscales del caso, que desde noviembre de 2017 llevan peleando contra viento y marea junto al juez para traer a Puigdemont de vuelta a España, que aunque la sentencia del TGUE es recurrible ante la Gran Sala del tribunal europeo, el recurso no establece ningún efecto suspensivo, por lo que no hay obstáculo alguno para reclamarlos. «La retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal –huidos de la justicia y en rebeldía– resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas».

Esto significa que cuando el juez acceda a cursarlas Puigdemont y Comin se enfrentarán no solo al escenario que se planteará en Bélgica, donde ambos residen, con esa nueva euroorden, sino a la posibilidad de ser detenidos y entregados a España desde cualquier otro país que pisen, como sucedió en Cerdeña, aunque en aquella ocasión la entrega se vio frustrada por estar tramitándose en ese momento el recurso de la inmunidad y una cuestión prejudicial planteada por el propio juez en Luxemburgo. Ambos asuntos están ya resueltos.

Sea cual sea el papel que se atribuya a Puigdemont en negociaciones con el Gobierno y lo que un eventual Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda prometerle, el futuro más inmediato del prófugo pasa por cumplir sus deudas con la justicia. Dicho de otra forma, no cabría ningún indulto sin antes ser juzgado por los delitos por los que ha sido procesado. Lo mismo puede decirse de Comin.

La que corre mejor suerte es Clara Ponsatí, procesada ahora solo por desobediencia, delito que al no llevar aparejado cárcel no es objeto de euroorden. Precisamente, en ese afán de notoriedad que ya le hizo pisar suelo español cuando supo que su situación procesal era otra, la exconsejera catalana se dejó ver ayer por Barcelona provocando su detención por parte de los Mossos, en cumplimiento del auto de Llarena que había ordenado su arresto tras su incomparecencia ante el Supremo.

La exconsejera pasó así a disposición del juzgado de guardia de la capital catalana, donde se negó a declarar pero quedó formalizado al menos el trámite de la declaración indagatoria que prevé la ley. Sin necesidad de acudir ya al Alto Tribunal, Llarena dejó sin efecto la orden de detención nacional que pesaba contra ella.

En un auto de cuatro páginas, el juez explica que, al estar procesada por desobediencia, y precisamente porque el delito no está castigado con prisión, su traslado ante la Sala Segunda supondría «una extensión de su privación de libertad».