Juan Carlos Campo se aparta de un recurso sobre la amnistía para proteger la «imparcialidad» del Constitucional

Según adelantó El Español y confirmó ABC en fuentes jurídicas, la decisión será sometida a estudio en la sesión plenaria de este jueves, después de que Campo pidiese por escrito dar un paso a un lado respecto de la ponencia que le había sido encomendada sobre la admisión a trámite del mencionado recurso de amparo.

Campo fue el ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez que firmó los indultos para los condenados como líderes del procés. En aquella tramitación, sostuvo que «a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito« para justificar la decisión que había adoptado el Ejecutivo.

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Aunque la ley acaba de iniciar su andadura parlamentaria y está aún sujeta a modificaciones hasta su entrada definitiva en vigor, se han promovido ya recursos al Constitucional para frenar la iniciativa, si bien fuentes del órgano de garantías avanzan ya que poco recorrido tienen, tanto por lo prematuro como por los problemas de legitimación para pretender interferir en lo que aún se encuentra en la esfera de las decisiones internas parlamentarias.

En cualquier caso, que Campo haya solicitado apartarse voluntariamente en previsión de que una decisión suya podría afectar a la imagen de imparcialidad necesaria en el Tribunal Constitucional, abre el debate sobre abstenciones y recusaciones, dibujando de manera anticipada el mapa de magistrados que sí intervendrían cuando con la ley en vigor, se presenten recursos o cuestiones que estén legitimadas.

En la actualidad, el órgano de garantías cuenta con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro que se vería reducida en un apoyo si la petición de Campo prospera. No tiene por qué, ya el Pleno impidió a la magistrada Concepción Espejel apartarse de la deliberación sobre la Ley del Aborto cuando ella adujo que había expresado sus opiniones en un informe tiempo atrás y no veía procedente intervenir. Hubo de hacerlo porque el resto de magistrados concluyeron que una opinión pronunciada doce años atrás no era digna de consideración. De las palabras de Campo no hace tanto tiempo: dijo en 2021 que la amnistía era inconstitucional.

No obstante, además de ese recurso, el Constitucional tiene otro sobre la mesa que lleva aparejada la petición expresa de recusación tanto de Campo, como del presidente Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada Laura Díez, que fue nombrada en su puesto por el Ejecutivo después de haber estado trabajando para La Moncloa. Aún no hay un pronunciamiento al respecto y se analizará en una pieza separada respecto del fondo sobre la admisión del amparo.

Cabe recordar que ya en 2021, Conde-Pumpido se abstuvo de todos los asuntos relacionados con el procés porque los líderes independentistas pidieron su recusación a partir de las opiniones que había vertido sobre el tema en una conferencia previa a su nombramiento como presidente del Constitucional, en noviembre de 2017.

Entonces, manifestó su «preocupación» por los hechos que se estaban produciendo en Cataluña y los calificó de «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia», como cita Europa Press.