Después de que este contencioso-administrativo y alguno más en otros lugares de España haya prosperado, el Alto Tribunal ha sentado jurisprudencia para otras peticiones similares vía judicial, una situación que se puede repetir por la temporalidad que arrastra el personal contratado en muchos ayuntamientos.
En concreto, el afectado tendrá que justificar que al prescindir de sus servicios se le ocasiona un «daño patrimonial« y también debe acreditar que trató de estabilizar su situación laboral al presentarse a una convocatoria de empleo fijo, es decir, que ha optado a una plaza de funcionario.
Ambas condiciones las cumplía la afectada en Benidorm, que hubiera visto prosperar su contencioso de nuevo después de esta sentencia del Supremo.
Su caso salió adelante por la gestión del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que acaba de ganar las elecciones de los representantes de personal de este Ayuntamiento alicantino.
En un comunicado, esta central ha hecho balance de «un resultado histórico» con el que se convierte en «la primera fuerza sindical y la que más sube de todo el Ayuntamiento», al sumar ocho delegados más a los ocho que ya tenía, un total de 16 de los 30 delegados a elegir, en unas votaciones registraron con un alta participación, concretamente el 89,5 %.
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