La Junta liberó a Ojeda de justificar 18,6 millones en subvenciones a sus sociedades

La publicación de la lista de exoneraciones a entidades para poder seguir recibiendo subvenciones publicada esta semana por la Junta de Andalucía —tras dos años ocultada— deja en evidencia no sólo la enorme cantidad de ayudas a las que no se le colocó la lupa sino el reguero de millones de dinero público que fue a parar al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. El que fuera alto cargo socialista ha sido investigado durante meses por la Policía Nacional a cuenta de las presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas obtenidas por sus empresas de cursos de formación, que montó el tiempo récord y se especializaron en cazar subvenciones. Hasta 48,5 millones en varios años según los investigadores. Fue detenido el 4 de agosto junto a otras seis personas por el fraude con los supuestos cursos financiados.

De ese mínimo de 48,5 millones que obtuvo el exconsejero socialista de las arcas regionales, 18,6 proceden de los 57 expedientes de sus empresas que fueron exoneradas en 2012 de tener que justificar las ayudas para seguir recibiendo otras. Catorce de su treintena de sociedades fueron liberadas por el Gobierno andaluz en esa resolución de hace casi dos años de tener que explicar cómo se gastaron el dinero, cantidad realmente alta cuyo fin no ha tenido que explicar el que fuera miembro del ejecutivo autonómico. Esos millones suponen nada menos que el 38% del total que, según la Policía, ha recibido de la Junta en forma de subvenciones para cursos de formación ocupacional que en muchos de los casos han sido una estafa por no ejecutarse, por inflarse las facturas o por desviarse hasta el 60% de las cantidades. Más de un tercio del dinero que recibieron las sociedades de Ojeda se había incluido en la lista de exoneraciones.

La resolución de la Junta, además, fue adoptada en diciembre de 2012, cuando ya había denuncias a las empresas de Ojeda por parte de profesores que habían sido estafados en las contrataciones a cargo de esas ayudas públicas. La causa judicial contra él, de hecho, arranca oficialmente en junio de 2012 en el Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras después de la denuncia de una docente que iba a ser contratada y se alertó de las anomalías que le exponían. Pese a ello, la administración andaluza incluyó en su listado de exoneraciones seis meses más tarde a esas catorce entidades vinculadas al exconsejero, que sumaron 57 expedientes, tal y como aparece reflejado en el documento que colgó el lunes la Junta en su web.

Lo hizo esta semana destacando dos cosas. Primero, que no se trata de que las empresas y entidades englobadas en las exenciones no tengan que justificar las ayudas, sino que simplemente lo harán después; pero la maquinaria burocrática, que no daba abasto, no se iba a parar porque perjudicaría a los cursos y a entidades que necesitaban subsistir. Pero no se tuvo reparo en incluir a más de una decena de sociedades del exconsejero ahora detenido a pesar de las investigaciones judiciales y las dudas razonables en torno a la gestión de los fondos públicos que pesaban sobre ellas. Y dos, también se ha destacado desde el Gobierno andaluz el ejercicio de «total transparencia» por el hecho de publicar la lista de entidades exentas de justificar el ejercicio 2011, indicando incluso que «ahora los ciudadanos ya saben cómo se gastan los fondos públicos». Pero no será, desde luego, por el detalle de esa lista. Se ha tardado dos años en publicarse, se ha hecho tras las denuncias desde los medios y en la misma no se aporta nada sobre cantidades sino simples y confusos epígrafes de expedientes, muchos de los cuales tienen incluso las siglas alteradas con respecto a los documentos oficiales. Un enorme jeroglífico.